La FIDH recuerda que el examen de violaciones de derechos humanos en un fuero militar no garantiza las condiciones del debido proceso y posibilita la impunidad de los responsables de graves crímenes.
El examen de violaciones de derechos humanos en el fuero militar contradice el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de DDHH, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que Perú ha reconocido la competencia en 2001.
Dicha resolución viola igualmente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Este convenio estipula que toda violación a los derechos humanos debe ser juzgada por fuero común, aun cuando ha sido cometido por miembros de las fuerzas militares. La jurisprudencia universal e interamericana sobre este tema señala además que los tribunales militares no alcanzan los estándares de las garantías de independencia e imparcialidad requeridas por los instrumentos de defensa de los derechos humanos.
Del mismo modo, la FIDH recuerda que la importancia excesiva que se sigue concediendo a las jurisdicciones militares en detrimento de las civiles constituyó uno de los motivos de preocupación del Comité contra la tortura al examinar el informe periódico del Perú, en mayo de 1998 (CAT/C/XX/CRP.1/Add.4 (Part II).
Dichos acontecimientos deben entenderse en un contexto muy preocupante de retroceso de la justicia peruana. El pasado mes de agosto, la FIDH acogió igualmente con preocupación el fallo emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú que decidió quitarle la competencia a la justicia ordinaria y reafectar al fuero militar al caso "Chavín de Huántar", en el que se acusa a 15 militares por las presuntas ejecuciones extrajudiciales, en abril de 1997, de tres miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que habían participado en la toma de rehenes en la embajada de Japón en Lima.
La FIDH urge a la Fiscal General de la Nación a que inicie un procedimiento en el que se investigue, en el fuero común, las torturas de las que fue víctima Leonor La Rosa Bustamante, de modo que se cumplan los compromisos internacionales del Estado peruano y la legislación nacional y en particular el artículo 321 del Código Penal Peruano que dispone el juzgamiento bajo el fuero común.
En general, la FIDH llama a todos los órganos judiciales de Perú a que cumplan con los compromisos internacionales de Perú y que consecuentemente todos los casos de violaciones de los derechos humanos puedan ser juzgados de forma imparcial en tribunales civiles
La transición de Perú hacia un sistema democrático requiere una justicia independiente y el fin de la impunidad.