Desde el principio de la campaña electoral en el mes de mayo, las autoridades han detenido arbitrariamente a cerca de 12 000 personas, por ejercer sus libertades fundamentales, entre ellas, a manifestantes pacíficos, candidatos a las elecciones presidenciales y personas defensoras de los derechos humanos. La mayoría han sido puestos en libertad, pero aproximadamente 200 continúan entre rejas y se enfrentan a falsas acusaciones penales. El uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias han provocado los malos tratos y torturas que han sufrido más de 500 personas en las furgonetas policiales y los lugares de detención. Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado ninguna investigación efectiva sobre ninguna de estas violaciones ni se ha perseguido a sus autores.
Las autoridades se actúan contra los grupos locales de derechos humanos que documentaban estos abusos y proporcionaban asistencia jurídica y de otro tipo a las víctimas. El 17 de septiembre de 2020 fue detenida Marfa (Maria) Rabkova, coordinadora del socorro del Centro de Derechos Humanos Viasna, la organización miembro de la FIDH en Belarús, y se enfrenta a acusaciones penales en virtud del artículo 293.3 del Código Penal de Belarús ("capacitación u otro tipo de preparación de personas para participar en disturbios masivos o la financiación de tales actividades").
Rabkova está muy lejos de ser una delincuente, ya que esta mujer de 25 años, junto con otras personas voluntarias de Viasna, observó concentraciones pacíficas, hizo campaña en favor de la supervisión independiente de las elecciones y documentó pruebas de torturas a los manifestantes detenidos. Esta estudiante de la Universidad Europea de Humanidades (Lituania) se encuentra actualmente en prisión por sus opiniones políticas y su activismo en favor de los derechos humanos.
"La sed de poder de Lukashenko, que ha vuelto a demostrar en su investidura secreta, ha causado una crisis de derechos humanos sin precedentes en Belarús. Actualmente continúan produciéndose palizas generalizadas, torturas de manifestantes pacíficos, así como detenciones arbitrarias e intimidación de activistas, periodistas y abogados que desvelan los abusos al mundo y ayudan a las víctimas"
La FIDH reitera su llamamiento a las autoridades para que pongan fin a la violencia que ejercen contra manifestantes pacíficos y periodistas y liberen a los presos políticos del país. La FIDH, junto con 41 de sus organizaciones miembros, insta a las autoridades a dejar de perseguir a la sociedad civil y, entre otras, a la coordinadora del socorro del HRC Viasna, Marfa Rabkova, y a entablar un diálogo.