En Bahrein se continúa persiguiendo y acosando a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos y, con frecuencia, se denuncian violaciones de los derechos a la libertad de asociación, asamblea y expresión. A pesar de la puesta en libertad del destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab a mediados de 2020, no se han retirado aún los cargos falsos que pesan contra él y continúa sujeto a una prohibición de viajar. En 2017, Bahrein puso fin a una moratoria de hecho de la pena de muerte al ejecutar a tres civiles y, desde entonces, ha aplicado la pena capital a seis personas. Actualmente hay otras veintiséis personas en el corredor de la muerte.
En los últimos diez años, la FIDH y sus organizaciones miembros bahreinís han mantenido contacto regular con las instituciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros para informarles de las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el país. En su última resolución, el Parlamento Europeo se hizo eco de los llamados de nuestras organizaciones para incorporar los derechos humanos a todas las áreas de cooperación con Bahrein. La movilización constante de la comunidad internacional es fundamental para mejorar de forma significativa la situación de los derechos humanos en el país.