La FIDH acoge con satisfacción la evaluación realizada por el organismo de la ONU e insta al gobierno camboyano a tomar medidas de inmediato para resolver las numerosas cuestiones preocupantes que han señalado las Naciones Unidas.
"El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido unos hitos claros para medir los avances en materia de derechos civiles y políticos. La comunidad internacional debe tomar nota de las recomendaciones formuladas por el comité de la ONU y presionar al gobierno para que las aplique sin dilación, en el marco de las próximas y cruciales elecciones locales y generales."
El 30 de marzo de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló sus observaciones finales sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Camboya, tras el examen del tercer informe periódico del país en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que se realizó del 9 al 11 de marzo de 2022 en Ginebra, Suiza. El CCPR supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales de los Estados partes en virtud del PIDCP, que Camboya ha suscrito.
El CCPR, ante la próxima celebración de elecciones al Consejo Comunal el 5 de junio de 2022 y las elecciones generales de 2023, expresó su preocupación por las amenazas, el acoso, las detenciones arbitrarias, los juicios masivos, la retirada de pasaportes y los actos de violencia contra los miembros de la oposición política, la falta de independencia e imparcialidad del Comité Electoral Nacional, las dificultades a las que se enfrentan los nuevos partidos para llevar a cabo una "campaña electoral igualitaria, libre y transparente" y la persistente infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de liderazgo.
El CCPR reiteró su preocupación ante la falta de avances en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas anteriormente, entre otras, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Se mostró asimismo "profundamente preocupado" por las ejecuciones extrajudiciales de líderes de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas del derecho a la tierra, así como por la falta de investigaciones efectivas e imparciales sobre estos asesinatos.
El CCPR seguía preocupado por la "persistente falta" de un poder judicial independiente e imparcial y por el elevado número de denuncias de corrupción en el marco del poder judicial.
Otras cuestiones que preocupan al CCPR son las persistentes violaciones de la libertad de expresión en Camboya, entre las que cabe citar: el cierre de múltiples medios de comunicación nacionales e internacionales, el bloqueo de sitios web críticos con el gobierno, la utilización de demandas penales y civiles contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y el clima de acoso e intimidación generalizados de activistas en línea. El CCPR observó que se utilizan con frecuencia varios delitos penales según el Código Penal y la Ley de Telecomunicaciones –como la difamación, la incitación, el insulto y la lesa majestad– con el fin de restringir de forma desproporcionada y excesiva la libertad de expresión.
El CCPR expresó también su preocupación por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas, lo que ha dado lugar a detenciones generalizadas de manifestantes, entre quienes se encuentran personas defensoras de los derechos humanos, activistas medioambientales, líderes de la oposición y sindicalistas. El CCPR afirmó que las últimas enmiendas a la Ley de Sindicatos y al proyecto de Ley de Orden Público podrían limitar aún más el derecho de reunión pacífica.
El considerable aumento de la población encarcelada y su hacinamiento eran motivo de preocupación para el CCPR, así como el hecho de que no tuvieran un acceso adecuado a la alimentación, el agua potable y el tratamiento médico.
En cuanto a la libertad de asociación, el CCPR observó que se continuaba utilizando la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (LANGO) para imponer costosos requisitos en materia de presentación de informes a las organizaciones, lo que provocaba la denegación del registro, así como para facilitar la vigilancia de las personas defensoras de los derechos humanos.
Por otro lado, el CCPR criticó los "amplios poderes" que confería la Ley de Gestión de la Nación en Estado de Emergencia (promulgada en abril de 2020) al gobierno a la hora de restringir significativamente una serie de derechos y libertades fundamentales. Además, observó que la Ley de Medidas Preventivas contra la Propagación de la COVID-19 y otras Enfermedades Contagiosas Graves y Peligrosas (promulgada en marzo de 2021) se utilizaba para restringir de forma desproporcionada los derechos y libertades fundamentales, entre otros, para dispersar reuniones pacíficas.
Muchas de las conclusiones del CCPR reflejan las preocupaciones planteadas por la FIDH en suinforme paralelo publicado antes del examen del CCPR.
El CCPR formuló más de 50 recomendaciones al gobierno camboyano sobre una amplia variedad de cuestiones, entre otras, las mencionadas anteriormente. El CCPR pidió al gobierno que proporcionara, antes del 25 de marzo de 2025, información sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a tres cuestiones prioritarias: la corrupción, la libertad de expresión y la participación política.
El CCPR había realizado en marzo de 2015 el anterior examen de la situación de los derechos civiles y políticos en Camboya.