A fecha 2 de febrero, han asesinado, en lo que va del año, a al menos trece líderes y lideresas sociales [1] en el país, entre ellos y ellas un líder Wounaan en el San Juan [2] y tres líderes indígenas en el Cauca. También se perpetraron trece masacres que dejaron un total de 39 víctimas fatales [3] en diferentes regiones del país.
Otros hechos que demuestran el deterioro de la situación de seguridad son: los asesinatos y amenazas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó [4], la Comunidad de la Región de Montes de María [5] y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina [6]. Así mismo, el pasado miércoles 19 de enero, un atentado con carro bomba en la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en el centro de Saravena, Arauca, dejó un saldo de una persona muerta y 20 más heridas [7]. El hecho se produjo en momentos en que se encontraban reunidas al menos 50 personas defensoras de derechos humanos que estaban tomando un taller de protección.
Oidhaco y varias organizaciones internacionales expresaron recientemente su preocupación sobre la situación en Arauca [8], en el Cauca [9], y en la costa pacífica de Colombia.
Resaltamos que esta ola de violencia se da en el contexto pre electoral. La Misión de Observación Electoral –MOE- advirtió que el 58% de los municipios que están habilitados para la votación de las 16 curules de paz presentan riesgo tanto de fraude como de violencia [10]. Según los mapas de riesgo de la MOE, de ese 58%, que representa 97 municipios, 43 tienen riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio. Así mismo, el pasado viernes 21 de enero se encontró un explosivo de dos kilos y medio sin detonar en un sitio en Teusaquillo Bogotá, donde el día anterior se reunieron varios candidatos electorales, entre ellos Alirio Uribe, defensor de derechos humanos.
Las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes, que posibilitarán la representación de 16 personas víctimas, son una oportunidad histórica creada por el proceso de paz para empezar a disminuir la brecha entre las zonas más afectadas por el conflicto armado y el resto del país. Las elecciones legislativas y presidenciales son cruciales para el futuro del proceso de paz en Colombia. Es importante que se puedan desarrollar con garantías de seguridad y participación para los y las candidatos.
Por lo tanto solicitamos:
• Que se realice, cuanto antes, el diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y el Gobierno colombiano, y que la UE exprese su preocupación sobre la intensificación de la violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en el contexto actual y solicite al Gobierno colombiano implementar planes de protección colectiva como está previsto en el decreto 660 de 2020.
A la Unión Europea, y los Gobiernos de Suiza, Noruega y Reino Unido:
• Que en sus relaciones con el Gobierno colombiano insista en privilegiar el diálogo y el respaldo a los Acuerdos Humanitarios con todos los actores armados que tienen presencia en los territorios.
• Que inste al Gobierno colombiano para que brinde, en el marco de las próximas elecciones, garantías para la participación política de toda la población, y en particular de todos los candidatos y candidatas en todo el territorio nacional.
A la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia:
• Que tome en cuenta la relación intrínseca entre la violencia contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y comunidades campesinas y la violencia electoral y presten especial atención al enfoque de derechos humanos y el enfoque de género en su trabajo de observación.
• Asegurar que haya equipos de observación específicamente en las dieciséis curules de paz que presentan riesgos, tanto de fraude como de violencia.
• Insista al Gobierno colombiano para que se investiguen todos los atentados contra personas candidatas electorales.