Paris, Buenos Aires, 6 de julio de 2023. En la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, se vienen realizando un número importante de protestas contra la adopción de una reforma parcial de la constitución provincial. La reforma incluye restricciones al derecho de protestar, como la prohibición del bloqueo de calles y carreteras, retrocesos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en la defensa de los recursos naturales. El 17 de junio de 2023, día de la adopción de la reforma, el uso indebido de la fuerza dejó un saldo de cuarenta personas detenidas, todas ya liberadas, y veinticinco personas heridas de gravedad, todas ellas de pueblos indígenas. Los testimonios relataron el uso de armas con balas de gomas, gases lacrimógenos, camionetas no identificadas, policías disfrazados de civiles o con las caras cubiertas que detuvieron a manifestantes y allanaron casas sin órdenes judiciales.
Las organizaciones denuncian que el proceso de reforma no cumplió con los requisitos obligatorios para llevar a cabo una reforma constitucional. No se respetaron los noventa días obligatorios para que se debatiese el texto, sino que se resolvió en solo tres semanas, sin que se abriese la posibilidad a los pueblos indígenas de gozar de su derecho a la consulta previa, libre e informada. Tampoco se presentó la posibilidad de participación de otros actores de la sociedad civil. El texto constitucional se hizo público únicamente al momento de su adopción, el 17 de junio de 2023.
Una reforma que conduce a la intensificación de la explotación a pesar de los derechos de los pueblos indígenas
De igual manera, con la reforma se perdió la oportunidad para modificar el texto vigente desde 1986 que desconoce los estándares internacionales y nacionales sobre el reconocimiento de la identidad y autodeterminación de los pueblos indígenas y la relación intrínseca que tienen con el territorio, lo que representa un retroceso importante en los derechos reconocidos a dichas comunidades.
Es preocupante que en una provincia, particularmente rica en minerales como el litio, la reforma ponga el enfoque sobre la extracción de esos recursos críticos, promoviendo una mayor explotación y producción, sin tener en cuenta los parámetros ecológicos, sociales y culturales de dichos territorios y los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre ellos.
Las organizaciones rechazan los artículos relacionados con la restricción al derecho de manifestación y libertad de reunión, pues de esta forma se constitucionaliza la criminalización del derecho a la protesta, lo que es contrario a la Constitución nacional de Argentina y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones, específicamente instan al gobierno provincial a que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas afectadas. Asimismo, exigen respetar y garantizar los derechos civiles y políticos de todos los habitantes, los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente.