Nuestras organizaciones rechazamos el ataque de la policía contra la Universidad Nacional de San Marcos y el desalojo y arresto masivo de sus ocupantes, casi 200 personas, que incluyen estudiantes, personas adultas mayores y una mujer con su hija de 8 años. Este grave hecho, además de vulnerar la inviolabilidad del espacio académico, vulnera derechos fundamentales de las personas y del debido proceso.
Las organizaciones que hacemos parte de la FIDH nos solidarizamos con las organizaciones de derechos humanos peruanas que han sido atacadas y estigmatizadas por realizar su trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas y llaman a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables de esos hechos.
La respuesta de las fuerzas armadas ha sido desproporcionada y no se ajusta a los principios de una finalidad legítima, proporcionalidad y absoluta necesidad, indispensables para justificar el uso de la fuerza de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Solo el 9 de enero, lamentablemente fueron asesinados 19 manifestantes en Juliaca, entre ellos menores de edad. Contexto en el que se produjo también el inexcusable asesinato de un policía.
Frente a la inestable democracia peruana, todas las autoridades tienen el deber de hacer prevalecer el Estado de Derecho, la Constitución y la garantía de los derechos de todas y todos sus ciudadanos, no siendo admisible que el Estado obligado a defenderlos y garantizarlos derive hacia las peores formas de autoritarismo.