Señor Presidente:
Saludo esta audiencia como miembro del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y a nombre de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
Colombia vive un conflicto social y armado que se ha escalonado generando una grave y sistemática violación de los derechos humanos, y una crisis humanitaria, la mayoría de las victimas son civiles.
Desde el 2002, treinta y tres (33) defensores de derechos humanos fueron asesinados, otros se encuentran amenazados y judicializados. Se han efectuado más de 6.500 detenciones arbitrarias, muchas de forma masiva y sobre comunidades enteras. Se registraron 688 ataques contra trabajadores sindicalizados. La tortura es una práctica sistemática y la desaparición forzada de personas ha aumentado.
Durante el 2004, más de 287.000 personas fueron desplazadas forzadamente, la mayoría mujeres y niños. Se ha incrementado el número de víctimas de violaciones a los derechos humanos ejecutados por la fuerza pública y persisten las infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados, en particular el ataque a personas y bienes protegidos.
La llamada política de seguridad democrática del Gobierno, desconoce la existencia en Colombia de un conflicto armado, y lo reduce a una amenaza terrorista; vulnera, con los soldados campesinos, redes de informantes, el principio de distinción, la aplicación del derecho internacional humanitario y agrava la desprotección de la población civil; un ejemplo, son las comunidades de paz del Uraba Antioqueño y del bajo Atrato, quienes defendiendo su derecho a no ser involucradas en el conflicto armado, son señaladas por autoridades gubernamentales de ser "auxiliadores de la guerrilla" y recientemente ocho (8) de sus miembros fueron masacrados, entre ellos mujeres y niños, uno de ellos de apenas (18) meses de nacido.
El Gobierno colombiano niega la posibilidad de acuerdos humanitarios que permitirían disminuir los efectos del conflicto armado, y avanzar en una solución política y negociada; la salida de Colombia del delegado del Secretario General de la ONU James Lemoine, así lo refleja.
Entre tanto, adelanta un proceso llamado de "desmovilización" con los grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad. A pesar del "cese de hostilidades", han cometido más de 1900 violaciones a los derechos humanos; miles de supuestos paramilitares vienen recibiendo beneficios judiciales, que dejan en la impunidad sus crímenes, sin que desmonten sus estructuras y, sin exista una rigurosa verificación de la comunidad internacional.
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno vulnera los derechos de las victimas y no previene la ocurrencia de nuevas violaciones, no garantiza la devolución de las tierras y los bienes de los desplazados, no contempla proporcionalidad entre penas y crímenes cometidos, no exige la confesión pública y no devela la responsabilidad estatal en la conformación, patrocinio y encubrimiento de estos grupos.
Este proceso no desmonta el paramilitarismo, por el contrario sus estructuras se están consolidando y crece su poderío económico, político y social, poniendo en grave riesgo el futuro de la democracia y el estado de derecho en Colombia.
Por ello pedimos a esta Comisión que requiera al Gobierno Colombiano a :
Desmontar las estructuras del paramilitarismo, con devolución o confiscación de las tierras de los desplazados sin impunidad y garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas
Investigar y sancionar los vínculos de servidores públicos con los grupos paramilitares.
Garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia y de los organismos internacionales que los acompañan.
Al Gobierno colombiano y a los demás actores del conflicto, a suscribir acuerdos humanitarios, y respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Buscar una solucion politica al conflicto en Colombia y restablecer los mecanismos que la ONU contempla para estos propositos.
Levantar la reserva del articulo 124 del Estatuto de Roma
Apoyar la labor de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos y respetar sus recomendaciones.
Muchas gracias Señor Presidente.