París, La Haya, 26 de enero de 2024. El viernes 26 de enero en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel tomar medidas provisionales para proteger al pueblo palestino de “un riesgo real e inminente de daño irreparable”. La FIDH, aunque lamenta que la Corte no haya ordenado explícitamente un alto el fuego, medida provisional esencial que permitiría el cese de las hostilidades, celebra esta decisión histórica, ya que reconoce que existe un riesgo plausible de genocidio por parte del Estado de Israel y constituye un paso importante para la defensa del Estado de derecho internacional.
“Los Estados y las personas no pueden seguir fingiendo que desconocen el genocidio que se está llevando a cabo. Ha llegado el momento de que sigan presionando para que se exijan responsabilidades, se impongan sanciones y se ponga fin a este ataque contra Gaza”, explica Diana Alzeer, vicepresidenta de la FIDH y representante de Al Haq, una de sus organizaciones miembros en Palestina.
En su decisión, la Corte considera que “la población civil de la Franja de Gaza sigue siendo extremadamente vulnerable” y recuerda que la operación militar que Israel lleva a cabo desde el 7 de octubre de 2023 ha causado, entre otras cosas, la muerte o heridas a decenas de miles de personas y la destrucción de viviendas, escuelas, instalaciones médicas y otras infraestructuras vitales, así como el desplazamiento masivo de la población.
La CIJ ordena al Estado de Israel que garantice con efecto inmediato que su ejército no comete ningún acto constitutivo del delito de genocidio, que impida y castigue la comisión e incitación a cometer genocidio en relación con la población palestina de Gaza, que tome medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria, que tome medidas para impedir la destrucción y que garantice la preservación de las pruebas relativas a posibles violaciones de la Convención de 1948. Ordena asimismo a Israel presentar un informe en el plazo de un mes sobre todas las medidas adoptadas para cumplir esta orden.
“Al ordenar estas firmes medidas provisionales y exigir responsabilidades a Israel, la Corte intenta proteger a la población civil, poner fin al ciclo de violencia repetida y masiva contra la población palestina, impedir que se comentan más crímenes internacionales y permitir el suministro de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La CIJ ha desempeñado su papel recordándonos que todos los Estados deben respetar el derecho internacional”, explica Yosra Frawes, responsable de la Oficina de África del Norte y Oriente Próximo de la FIDH.
Desde las masacres del 7 de octubre perpetradas por Hamás y otros grupos armados en Israel, muchos países han afirmado su apoyo incondicional al Estado de Israel y se han abstenido de tomar las medidas necesarias para poner fin a los ataques y la destrucción dirigidos contra la población civil de la Franja de Gaza contraviniendo así sus obligaciones internacionales. La decisión del Tribunal es, por tanto, un paso crucial para poner fin a esta inercia y este silencio.
La FIDH pide a estos países y a la comunidad internacional en su conjunto que suspendan inmediatamente la ayuda financiera y la asistencia militar a Israel, y que pongan fin al apoyo económico y diplomático a un régimen de apartheid responsable de violaciones, crímenes internacionales, incluido el genocidio, y abusos sistemáticos contra la población palestina.
“A la vista de las declaraciones de algunos altos cargos israelíes, la FIDH teme que Israel no acate la decisión de la Corte, a pesar de que Israel es miembro de la misma y parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948”, subraya Yosra Frawes.
La FIDH pide a Israel que actúe de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y cumpla la orden dictada hoy por la CIJ. La FIDH insta asimismo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en particular a Francia, que ocupa su Presidencia, a que garantice la aplicación de esta decisión y elimine los diversos obstáculos para la adopción de una resolución que imponga sanciones en caso de incumplimiento de las medidas provisionales solicitadas por la CIJ.
Recordatorio del procedimiento:
– En su demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica, como parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948, expone las razones por las que formuló alegaciones de genocidio contra el Estado de Israel. A la espera de una decisión sobre el fondo del asunto, Sudáfrica pidió a la CIJ que estableciera nueve medidas provisionales para proteger al pueblo palestino de “nuevos daños graves e irreparables” y garantizar que Israel cumple las obligaciones que le impone la Convención sobre el Genocidio, es decir, prevenir y castigar el genocidio.
– Durante la vista del pasado jueves 11 de enero de 2024, Sudáfrica explicó el elevado número de víctimas civiles en Gaza, la destrucción de infraestructuras civiles y las restricciones al acceso al agua, la atención sanitaria y el material médico. Pretoria también hizo referencia a varias declaraciones de altos cargos israelíes que confirmaban que también se atacaba a civiles.
– En la audiencia celebrada el viernes 12 de enero de 2024, el Estado de Israel presentó sus argumentos, alegando que estaba llevando a cabo ofensivas contra Hamás con el único fin de defenderse y proteger a su población. Según Israel, la acusación de Sudáfrica era “una descripción deliberadamente organizada, descontextualizada y manipuladora de la realidad de las hostilidades actuales”.