A primera hora de la mañana del 14 de agosto, la policía, apoyada por el ejército, dispersó violentamente a la multitud reunida en la plaza Nahda, cerca de la Universidad del Cairo, así como en Raab Al Adawiyah, donde partidarios del destituido Presidente Morsi habían estado manifestándose hasta ese momento contra lo que consideraban un "golpe" cuando el Ejército Egipcio derrocó a Mohamed Morsi a principios de julio y arrestó a numerosos líderes de los Hermanos Musulmanes.
Existen informes contradictorios sobre el número de muertes que oscila entre 327 y 2.500 personas asesinadas dependiendo de la fuente de información. Según las organizaciones miembro de la FIDH que se encuentran actualmente investigando lo ocurrido en los alrededores así como en hospitales y morgues, se ha acabado con la vida de más de 200 personas por seguro, la mayoría de ellas por impacto de bala o asfixia tras haber inhalado gases lacrimógenos. Estos datos podrían dispararse a varios cientos de personas en las próximas horas.
“A pesar de los informes en los que se alega violencia por parte de manifestantes, a veces fuertemente armados, las estadísticas obtenidas (cientos de personas asesinadas entre la multitud), suelen dar muestra de un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ” declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
"Esta es la tercera vez en menos de un mes que la policía y el ejército egipcios utilizan gases lacrimógenos y disparan indiscriminadamente a los manifestantes, acabando así con la vida de muchas personas. Excepto una investigación abierta por el Fiscal General, no existe ningún comité que haya comenzado a preocuparse por los dos primeros casos de masacre y tememos que la situación no cambie con estos nuevos sucesos. La inexistencia de una investigación y por lo tanto una falta total de responsabilidad y una impunidad permanente para las fuerzas del orden implicadas en asesinatos de manifestantes desde el principio del levantamiento en enero de 2011, no hacen más que disparar la tensión y la violencia" añadió Karim Lahidji.
A pesar de reconocer la necesidad de volver a controlar la situación para garantizar la paz y la seguridad, la FIDH está preocupada por el Estado de emergencia declarado por la Presidencia Egipcia que dura desde hace ya un mes, desde el pasado 14 de julio, ya que concede a la policía poderes extrajudiciales para arrestar y detener a ciudadanos sin poseer cargos legales contra ellos, algo que la policía y el ejército han utilizado ampliamente en el pasado enviando así a gran cantidad de civiles a comparecer ante un tribunal militar. Supuestamente se ha comenzado a arrestar a personas en todo el país a lo largo del día.
La violencia se está extendiendo por todo el país y se está plantando fuego a las iglesias en varias regiones, lo cual aumenta muchísimo el riesgo de que Egipto se convierta en un foco de más violencia sectaria y potencialmente en una guerra civil.
- La FIDH insta a las autoridades egipcias a poner freno al excesivo uso de la violencia y a abstenerse de arrestar y detener a ciudadanos de manera arbitraria y sin cargos durante la duración del estado de emergencia;
- La FIDH insta a las autoridades a abrir una investigación independiente e imparcial y a publicar sus resultados;
- La FIDH lanza un llamamiento a las autoridades para que informen públicamente a la población sobre el estado y condición del destituido Presidente Morsi;
- La FIDH insta a las autoridades egipcias a respetar y garantizar la libertad de reunión pacífica;
- La FIDH insta a las autoridades así como a cualquier grupo religioso o político a abstenerse de contribuir a generar más violencia o incitar a una caza de brujas de grupos de la población en concreto por su credo, afiliación política o raza;
- La FIDH lanza un llamamiento a la población egipcia para que se abstenga de recurrir a la violencia, especialmente utilizando armas de fuego o de cualquier otro tipo.