Sr. Presidente, tengo el honor de dirigirme a esta Asamblea en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y en representación de sus 164 organizaciones de derechos humanos que la conforman en el mundo.
La FIDH y sus organizaciones miembro siguen puntualmente el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) y de esta Asamblea, porque el sistema del Estatuto de Roma representa para las víctimas de crímenes de su competencia la última esperanza de obtener justicia cuando en sus países la impunidad de los más altos responsables sigue generando violencia como en los casos de Colombia, Honduras, Palestina, Afganistán entre otros.
La FIDH como en anteriores ocasiones ha presentado un documento de posición que incluye recomendaciones para contribuir a que la Corte cumpla el rol sancionador y preventivo que espera la humanidad.
Las sesiones de evaluación realizadas en Kampala en torno al impacto sobre las víctimas y las comunidades afectadas, sobre la complementariedad y la cooperación, concluyeron en recomendaciones que necesitan de un debido seguimiento por esta Asamblea, por los Estados parte en lo individual y por la Corte. El impacto de la Conferencia de Revisión dependerá en gran medida del seguimiento a estas recomendaciones.
Con relación a las víctimas y las comunidades afectadas, se hace urgente revisar la estrategia de la Corte sobre víctimas. Con respecto a la complementariedad, la FIDH insta a que la asistencia técnica se acompañe de un monitoreo sobre la capacidad y voluntad de los Estados para juzgar crímenes de la competencia de la Corte. Al mismo tiempo, consideramos que el problema de la falta de voluntad política para adelantar investigaciones nacionales en torno a los más altos responsables por los crímenes más graves, necesita aún mayor atención por la Asamblea. Con respecto a la cooperación estatal, la FIDH recomienda que uno de los temas prioritarios para esta Asamblea en el año próximo esté enfocado en el embargo de bienes de los acusados, de cara a las primeras decisiones sobre reparaciones a adoptarse entre 2011 y 2012.
En relación con la financiación de la Corte, la FIDH expresa su preocupación por la creciente presión impuesta por los Estados para que la Corte presente un presupuesto de “cero crecimiento nominal”. Si bien favorecemos medidas tendientes a mejorar el uso eficaz de los recursos, nos preocupan los límites impuestos al accionar de la Corte de esta manera. A pesar de la apertura de una investigación en Kenia y enn la perspectiva de llevar a cabo al menos tres juicios en 2011, la Corte sólo ha pedido un incremento modesto de su prepuesto.
Frente al Mecanismo de Supervisión Independiente y el seguimiento sobre cuestiones de gobernabilidad de la Corte, la FIDH expresa su preocupación sobre los riesgos de injerencia en las actividades judiciales y en la independencia de la CPI, ante los vacíos de interpretación que el actual mandato del Mecanismo de Supervisión Independiente pueda generar. En el mismo sentido, el proyecto de estudio de la eficiencia y eficacia de la Corte, requiere precisar sus objetivos para evitar la intromisión en los asuntos internos de la Corte.
La Corte ha hecho avances importantes en asegurar el cumplimiento de su mandato y con ello lograr un efecto preventivo. Sin embargo, la FIDH expresa su preocupación por que en diferentes latitudes se continúan cometiendo graves crímenes de su competencia y frente a las mismas la Corte debe garantizar que se persiga a los principales responsables.
Agradezco su atención.
Luis Guillermo Pérez, Secretario General de la FIDH