El abuso por parte de Rusia y China del derecho al veto, que poseen en virtud de su condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, impide a la comunidad internacional dar respuesta a crímenes internacionales cometidos en el contexto del conflicto sirio, entre los que se incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“El veto impuesto hoy por China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los aísla aún más del consenso alcanzado en el marco de la ONU para condenar la vulneración de los derechos humanos y las atrocidades cometidas en Siria” , afirma Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
“Remitir la situación en Siria a la CPI es la única manera de garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas contra el pueblo sirio. Este doble veto es una afrenta a las víctimas y demuestra la necesidad de reformar el CSNU en el sentido de restringir el ejercicio del derecho al veto cuando afecte a situaciones de atrocidades masivas” , añade.
Desde 2011, la FIDH ha solicitado en diversas ocasiones al CSNU la adopción de una resolución para remitir la situación en Siria a la CPI, de manera que se garantice la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto, en el que se estima que ya han perdido la vida más de 150.000 personas. A pesar de que Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la CPI permite que el CSNU le remita situaciones sobre Estados no Partes en dicho Estatuto.
“La CPI es el mecanismo más legítimo y adecuado para intentar que se haga justicia en Siria. Rusia y China han vetado una resolución que proporciona la base para que sea posible exigir responsabilidades a ambos bandos por los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos, que han sido ampliamente documentados.” , subraya Shawan Jabarin, vicepresidente de la FIDH.
La FIDH recuerda que la remisión de la situación a la CPI debe, sin embargo, respetar las disposiciones del Estatuto de Roma y demás normas internacionales, concretamente en materia de cooperación e inmunidad. Este texto no solamente trata de excluir a ciudadanos y ciudadanas de Estados no Partes, a excepción de Siria, de la jurisdicción de la CPI, sino que también limita la obligación de los Estados no Partes de cooperar con el tribunal.
“Toda persona responsable de las atrocidades cometidas en Siria debe rendir cuentas ante la justicia, independientemente de su nacionalidad. El CSNU tiene el poder y la obligación de garantizar esta igualdad ante la ley” , declara Patrick Baudouin, presidente honorario de la FIDH.