Las organizaciones de derechos humanos de diferentes países abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra gran preocupación frente a la criminalización de la actividad judicial del Juez Baltasar Garzón.
El Juez Baltasar Garzón Real ha sido condenado en única instancia (y, por tanto, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos) el 9 de febrero de 2012, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España a la pena de 11 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de juez, con pérdida definitiva de su función judicial. Este procedimiento fue abierto por la investigación que realizó en el denominado caso de corrupción política «Gürtel» que involucra a miembros del Partido Popular. Garzón fue condenado por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los detenidos que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel con el apoyo de algunos de sus abogados.
Como organizaciones de derechos humanos, consideramos que la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente es un principio fundamental pero notamos que en casos similares, otros jueces españoles nunca fueron enjuiciados, al ser cuestiones concernientes del régimen procesal interno del caso. El Fiscal solicitó la absolución del juez Garzón. El Tribunal Supremo negó la práctica de pruebas solicitadas por la defensa del juez Garzón, así como negó las recusaciones planteadas contra algunos de los magistrados que no eran garantía de independencia e imparcialidad frente al juzgamiento.
Además, el Juez Garzón acaba de ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo. Este procedimiento se inició por la denuncia de un sindicato de la extrema derecha española y, en estos momentos, está pendiente de dictarse sentencia. En este caso, también, el Fiscal ha solicitado su absolución. Garzón fue juzgado precisamente por cumplir con las obligaciones internacionales de España y amparar a las víctimas de crímenes contra la humanidad. En esta causa, el Juez Garzón es acusado del presunto delito de prevaricación, por haber aceptado y asumido que es deber judicial investigar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y en particular la de exhumar las fosas comunes donde siguen sin identificarse a las víctimas de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de 114.266 personas.
Y, por último, se le investigó por los cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, hasta el pasado 13 de febrero de 2012, cuando la justicia archivó la causa por prescripción.
Consideramos que la conjunción temporal de estos tres diferentes procesos y el origen de los querellantes evidencian la persecución de la cual es víctima Baltasar Garzón Real. Esta sentencia y estos procesos afectan la credibilidad del poder judicial en España, que en su momento mereciera el reconocimiento de amplios sectores de la comunidad internacional por el rigor y empeño en causas de juridisdicción universal, de lucha contra el crimen organizado, que de manera particular simbolizara Garzón arriesgando su vida.
Por ello hacemos nuestras las preocupaciones expresadas por un grupo de expertos de Naciones Unidas, encabezados por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: “Es lamentable que el Juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.
“La defensa del Estado de derecho requiere un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el pleno respeto de la independencia y autonomía de la judicatura, los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal”, observó la Relatora Especial. “La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol del juez y para el avance de los derechos humanos”.
“Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones,” afirmó la Relatora Especial y añadió: “Si bien los jueces tienen que rendir cuentas del desempeño de sus funciones, todas las medidas que se tomen al respecto tienen que ajustarse a las normas y salvaguardias necesarias, incluyendo los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”.
Por ello, para nosotros es inaceptable y lamentable que en una democracia como la española se vulnere de esta forma la independencia de la justicia criminalizando a un juez que utilizó esta independencia, entre otras, para aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus decisiones judiciales.
Como organizaciones de derechos humanos también manifestamos nuestro reconocimiento al Juez Baltasar Garzón porque sus actuaciones independientes, rigurosas y conforme a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos han contribuido a fortalecer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en nuestros países, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento mundial.
Por esas razones les instamos a garantizar la independencia e imparcialidad judicial y anunciamos y reiteramos nuestro apoyo a Baltasar Garzón Real en los procedimientos que contribuyan al restablecimiento de su buen nombre y a su condición de magistrado.
ORGANIZACIONES FIRMANTES :
Organizaciones internacionales
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Conectas - Direitos Humanos
FIAN International
Fundación Diáspora Solidaria
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Afganistán
Armanshahr/OPEN ASIA
Alemania
Nürnberger Menschenrechtszentrum (NMRZ)
Argentina
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Asociación Americana de Juristas
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Azerbaiyán
Human Rights Center of Azerbaijan (HRCA)
Public Union of Democracy and Human Rights Resource Center
Bolivia
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
Cambodia
Ligue Cambodgienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (LICADHO)
Chile
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
Observatorio Ciudadano (OC)
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Croacia
Human Rights House Zagreb
Cuba
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN)
Ecuador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Egipto
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)
España
Asociación Cultura Iberoamericana Andrés Bello (ACIAB)
Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE)
Comité de Apoyo al Tibet (CAT)
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España
Fundación IEPALA
PLATAFORMA DE MUJERES 2000
Estados Unidos
Center for Constitutional Rights (CCR)
Center for Justice and Accountability
Human Rights Litigation and Advocacy Clinic, University of Minnesota
Quaker Initiative to End Torture (QUIT)
Francia
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)
Comité d’Aide Aux Réfugiés (CAAR)
Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP)
France Terre d’Asile
Filipinas
Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
Guatemala
Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG)
Centro para la Acción legal en Derechos Humanos (CALDH)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)
Fundación Myrna Mack
Instituto para la Atención y Protección Integral dela Victima Social (IPAVSO)
Haití
Centre Oecuménique des Droits Humains (CEDH)
Holanda
Humanist Institute for Development Cooperation (HIVOS)
Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Indonesia
Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Irán
Iranian League for the Defence of Human Rights (LDDHI)
Italia
Unione forense per la tutela dei diritti umani
Letonia
Latvian Human Rights Committee
México
Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM)
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Fundación Diego Lucero A.C.
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH)
Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México)
Red de Alerta Temprana
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH)
Nicaragua
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Paraguay
ÁGORA / Espacio Civil
Fundación "Celestina Pérez de Almada" Museo de las Memorias: dictadura y derechos humanos
Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Centro de Desarrollo Étnico (CEDET)
Centro para el Desarrollo Humano - Apurímac (CDH)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Comisión de Justicia Social (CJS)
Instituto Bartolomé de las Casas
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES)
Paz y Esperanza
Rusia
Anti-discrimination Center MEMORIAL Saint Petersburg
Suiza
Ligue suisse des droits de l’Homme -Geneva
Tailandia
Union for Civil Liberty
Taiwán
Taiwan Association for Human Rights
Turquía
Human Rights Association (IHD)
Uruguay
Articulación Feminista Marcosur
Cotidiano Mujer