Presentado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2013, este proyecto de ley prevé revocar la ley adoptada bajo el gobierno de Zapatero en 2010. Actualmente la legislación española permite a las mujeres abortar cuando lo decidan hasta la semana 14 de embarazo y hasta la semana 22 en caso de "graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto". El nuevo proyecto de ley permite la despenalización del aborto solo en algunos casos muy limitados: cuando el embarazo es consecuencia de una violación y a condición de que la víctima lo haya denunciado (hasta la semana 12), en caso de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre (hasta la semana 22), o en caso de anomalía del feto "incompatible con la vida" únicamente si esta anomalía supone un grave peligro para salud psíquica de la madre. En este último caso, el aborto puede practicarse durante todo el embarazo siempre cuando dicha anomalía no haya podido ser diagnosticada antes de las 22 primeras semanas de gestación. "En muchos países las mujeres han luchado para conseguir el derecho a disponer del propio cuerpo y al acceso al aborto bajo supervisión médica. Este proyecto de ley es un grave retroceso para los derechos de las mujeres españolas, que pierden con él la capacidad de decidir tener un hijo si así lo quieren y cuando quieran", afirma Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
Este proyecto de ley supone una amenaza para la salud de las mujeres que, cuando no pueden abortar legalmente en propio país y no disponen de medios económicos para viajar al extranjero, recurren a menudo a abortos clandestinos poniendo en peligro sus vidas.
Al vulnerar el derecho de las mujeres a decidir sobre el número de hijos y el espaciamiento de sus nacimientos, este tipo de decisión va a tener un impacto inevitable en la vida de las mujeres y en el lugar que ocupan en la sociedad, puesto que en el mundo occidental todavía son ellas quienes con frecuencia asumen las tareas diarias vinculadas al cuidado de los hijos. ”La ley de 2010 otorgaba a las mujeres la posibilidad de decidir la vida que querían tener. El Estado no debe inmiscuirse en esta decisión." declara Noeline Blackwell, vicepresidenta de la FIDH.
Este texto debería llegar al parlamento dentro de dos meses y tiene muchas probabilidades de ser aprobado con los votos de los diputados del partido en el poder, que ocupan la mayoría de los escaños.
[(Addendum
El 12 de febrero pasado el Congreso de los Diputados rechazó con 183 votos en contra, 151 a favor y seis abstenciones, la propuesta de retirada del este proyecto, presentada por el Partido Socialista. Esto, sin embargo, no significa que el texto haya sido rechazado por el Congreso. El procedimiento legislativo sigue su curso. En este momento el anteproyecto de ley está siendo analizado por los órganos consultivos que emitirán su informe antes de que pase el trámite del Congreso de los Diputados donde será discutido y sometido a votación, probablemente a principios de verano.
Por otra parte, el Partido Popular, al que pertenecer Alberto Ruiz-Gallardón, responsable de este anteproyecto de ley, presentó varios recursos constitucionales contra la ley de 2010, actualmente en vigor, que sí reconoce el aborto como un derecho. Estos recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, que debería pronunciarse próximamente.)]