Lima, 05 de abril de 2024. La crisis política que atraviesa Perú ha escalado nuevamente tras el último escándalo de corrupción que implica a la propia presidenta del país, Dina Boluarte. La abundante evidencia audiovisual, que se ha difundido en diversos medios de comunicación, revela la posesión de múltiples joyas no declaradas valorizadas en miles de dólares, según la fiscalía. Las investigaciones del Ministerio Público apuntan no solo a estas adquisiciones irregulares (entre otros, varios relojes Rolex y una pulsera Cartier vestidos de abundantes brillantes), sino también a depósitos de origen desconocido en las cuentas bancarias de Boluarte.
Nuestras organizaciones hacen un llamado para que se garantice que la investigación en curso se lleve de forma independiente sobre estos hechos de enriquecimiento ilícito, y a que todos los actores actúen con la debida ética. En caso de confirmación de estos hechos, exigen la renuncia inmediata de la presidenta imputada y nuevas elecciones. “El estado peruano no puede seguir siendo gobernado por élites cleptocráticas que negocian su permanencia en el poder en lugar de mediar por los intereses de todas y todos los ciudadanos”, señala Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH.
El pacto de encubrimiento y complicidad mutua se evidenció el pasado 03 de abril con la confianza otorgada al recientemente reformado Consejo de Ministros, en medio de la controversia por la presunta trama de la irregular adquisición de estas joyas. La investidura otorgada a este nuevo consejo se dio después de cambiar a varios ministros para reemplazarlos por otros sugeridos por las bancadas parlamentarias condescendientes con el régimen de la señora Boluarte, sin que se diera ningún debate en torno a las acusaciones por corrupción. Una acción que evidencia una estrategia para garantizar la supervivencia y la continuidad en el poder tanto del ejecutivo como del legislativo, el cual ha recibido un presupuesto adicional de 50 millones de soles por parte del primero para gastos de funcionamiento de un Congreso que ya este año había recibido 200 millones más que el año anterior.
En este contexto, la popularidad de los poderes del estado se encuentra bajo mínimos. Según las últimas encuestas de IPSOS, Dina Boluarte tiene un 85% de desaprobación, mientras que el desempeño de los legisladores mantiene un 91% de rechazo, quienes, al mismo tiempo, afrontan múltiples investigaciones por corrupción. Con una imagen ante la opinión pública tan desfavorable, la convocatoria a elecciones anticipadas es una necesidad imperante, aunque en la práctica sea hoy inalcanzable mientras se mantenga un pacto de gobierno carente de ética y sin respaldo ciudadano.
Contexto: la memoria de las víctimas
En un escenario tan funesto para la democracia de Perú, cuyas instituciones (incluidos los órganos electorales) están gravemente amenazadas por el autoritarismo, la celebración de nuevas elecciones se vislumbra como una oportunidad única. No solo para extirpar a quienes han encubierto la corrupción de los poderes del Estado, sino también para redimir a quienes dieron su vida en la defensa de sus derechos fundamentales.
Mientras los hechos de corrupción amenazan con prolongar la inestabilidad del país, los 61 muertos en las protestas de 2022 y 2023 (de los cuales 49 fallecieron por la represión policial) siguen presentes en la memoria de todas y todos los peruanos. Un caso que, si bien ha sido ignorado por las autoridades responsables, delata la impunidad y el encubrimiento mutuo con los que se gobierna el país. Las violaciones de derechos humanos, así como los escándalos de corrupción, se han convertido en el legado del gobierno de Boluarte.