Los emigrantes representan alrededor del 3% de la población mundial, es decir, casi 21 millones de personas, de los cuales 15 millones son refugiados. Los flujos migratorios seguirán desarrollándose, a causa de las disparidades en materia de desarrollo, de demografía y de democracia entre países ricos y países pobres.

La intensificación de los controles de la movilidad humana es un elemento característico de la situación actual. Las políticas migratorias establecidas entre los Estados suelen estar orientadas por intereses económicos, que reducen a los trabajadores migrantes a simples bienes de transacción. Las respuestas aportadas por las instituciones internacionales a la cuestión de la protección de los derechos de los emigrantes siguen siendo insuficientes, incluso defectuosas.

Ante todo esto, en su congreso de 2007 la FIDH erigió la promoción y la protección de los derechos de los emigrantes como prioridad de acción. Dada su presencia en los países de origen, de tránsito y de destino, la FIDH documenta y vigila las violaciones de los derechos de los emigrantes a lo largo de todo su recorrido migratorio. Las actividades de la FIDH tienen por objetivo incitar reformas de las leyes y de las políticas migratorias a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los emigrantes.

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