El Consejo de Derechos Humanos es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra que vigila las violaciones de los derechos humanos cometidas en todo el mundo y formula recomendaciones a los Estados. Es el órgano en el que la comunidad internacional adopta resoluciones para, por ejemplo, condenar la toma del poder por parte de militares como la ocurrida el 1 de febrero en Birmania/Myanmar, crear mecanismos independientes para investigar los crímenes contra la humanidad –como la Comisión de Investigación sobre Siria– y renovar los mandatos de los/as expertos/as independientes como el Relator Especial sobre la libertad de expresión.
China ha elegido responder a sus detractores en este foro simbólico del ideal de gobernanza multilateral del mundo, guiado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, demostrando al mismo tiempo su capacidad para convencer a los Estados más receptivos a su visión del mundo o demasiado debilitados económica y políticamente para oponerse a ella.
Belarús y Cuba presentaron, el 5 y el 12 de marzo respectivamente, sendas declaraciones conjuntas de 71 y 64 países que apoyan la política represiva de China en nombre del principio de soberanía. Estos Estados denunciaron "acusaciones infundadas", destinadas a "frenar el crecimiento de los países en desarrollo". Estas declaraciones respondían a las preocupaciones expresadas por varios miembros de la ONU, confirmadas por varios/as expertos/as independientes y ONG. Estas últimas han documentado violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas perpetradas por las autoridades chinas contra minorías étnicas y religiosas en Xinjiang y Tíbet, así como también en Hong Kong, donde Beijing pretende restablecer su autoridad por la fuerza.
"El apoyo que algunos países están dando a la postura autoritaria de China respecto a Hong Kong es preocupante porque socava el trabajo de los/as expertos/as en derechos humanos de la ONU. Los Estados que defienden los valores de la democracia y los derechos humanos no pueden tolerar estos ataques."
Un desafío a los/as expertos/as independientes de la ONU
Belarús decidió apoyar a China en respuesta a la presentación el 5 de marzo del informe anual de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor. Con el respaldo de otros 71 países, Minsk elogió a China por poner fin a las protestas y restaurar gradualmente la estabilidad en Hong Kong, mediante la adopción en junio de 2020 de la muy criticada Ley de Seguridad Nacional. Esta declaración es un nuevo ataque al trabajo de los/as expertos/as independientes, que han denunciado reiteradamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades chinas. De hecho, Mary Lawlor y otros/as 29 expertos/as independientes han criticado el alcance draconiano de esta ley, "la represión colectiva de la población, en especial de las minorías religiosas y étnicas, en Xinjiang y Tíbet" así como el grave deterioro de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos.
Cuba repitió esta maniobra el 12 de marzo, al felicitar a China en nombre de 64 países por sus avances en materia de derechos humanos, particularmente en Xinjiang, y pidió a todos los Estados que se abstuvieran de interferir en los asuntos internos de Beijing.
Una estrategia doble
Estas declaraciones a favor de Beijing ilustran una estrategia más amplia de la diplomacia china cuyo objetivo es socavar las normas internacionales de derechos humanos. A golpe de resolución, el Partido Comunista Chino busca imponer su propio discurso. Términos como "cooperación mutuamente beneficiosa", "desarrollo centrado en el pueblo" y "comunidad de futuro compartido para la humanidad" eluden la obligación de los Estados de respetar los derechos individuales e introducen la idea de que la soberanía estatal está por encima de las obligaciones en materia de derechos humanos.
Sin embargo, este debilitamiento deliberado de la función protectora de la ONU puede tener graves consecuencias para los Estados menos influyentes, como muchos de los que expresaron su apoyo a China en estas dos declaraciones. Al sabotear las propias normas internacionales que se supone protegen su independencia y su voz en caso de enfrentamiento con las grandes potencias, se privan de un recurso a largo plazo. Por ejemplo, ya se han ignorado las quejas locales de abusos de derechos humanos en África, Asia y América Latina que denuncian la conducta predatoria de las empresas de propiedad estatal China.
La FIDH pide a las partes firmantes de las dos declaraciones conjuntas que adopten un enfoque de principios en sus decisiones de política exterior, basado en información objetiva y documentada como la elaborada por los/as expertos/as independientes de las Naciones Unidas.