Con ocasión del Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra los 4 y 5 de diciembre de 2012, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publica un informe sobre el caso de La Oroya, un caso polémico de contaminación industrial originada por un complejo metalúrgico en la región andina central del Perú.
Durante décadas, y especialmente después de que la empresa Doe Run Perú comenzara a explotar ese complejo en 1997, la población de La Oroya ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire, incluyendo por plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. La ciudad adquirió fama a mediados de los años 2000 por ser una de las ciudades más contaminadas del planeta.
Doe Run Perú, filial del grupo estadounidense Renco, comenzó a operar en el complejo después de su privatización en 1997. La empresa se comprometió a implementar en un plazo de diez años una serie de medidas para mejorar el impacto ambiental del complejo en el marco de un programa ambiental, el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), que incluía asimismo medidas a cargo del Estado peruano. El acuerdo de cpmraventa de acciones preveía que durante el período de implementación de ese plan, el Estado peruano sería responsable frente a las reclamaciones de terceros. A solicitud de la empresa, el PAMA fue prorrogado y consecuentemente la compañía tuvo hasta 2012 para cumplir con sus obligaciones. En 2009, el complejo finalizó sus actividades ya que la empresa entró en un proceso de liquidación.
La población de La Oroya presentó una demanda contra el Estado de Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no haber protegido su derecho a la salud. Asimismo, padres de niños con altos niveles de plomo en sangre intentaron obtener reparación mediante una acción colectiva en Estados Unidos, donde está domicilada la empresa matriz. En un intento de interrumpir los procedimientos ante un tribunal de Missouri, a finales de 2010, el grupo Renco inició un arbitraje internacional, alegando que sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, habían sido violados por Perú, pidiendo una compensación de 800 millones de dólares.
Este caso ilustra el conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los inversores. También resalta la estrategia jurídica de las empresas presuntamente involucradas en violaciones de derechos humanos, que buscan evadir su responsabilidad y negar el derecho de las víctimas a la reparación. A la hora en la que Estados, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros actores se reúnen en Naciones Unidas en Ginebra para debatir sobre empresas y derechos humanos, la FIDH insta al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a abordar con carácter urgente los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas.
El informe incluye una serie recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas, así como a la empresa involucrada.