Como es de público conocimiento, en fechas recientes se han producido hechos de violencia que han conmocionado tanto a la sociedad mexicana como a la internacional. El caso más reciente sucedido el 26 de septiembre en Iguala – Guerrero, donde la policía municipal atacó a tiros un autobús que transportaba a estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Como resultado de estos hechos 4 estudiantes y otras 3 personas perdieron la vida, más de 20 resultaron heridos, y 43 permanecen aún desaparecidos. Días más tarde una fosa clandestina fue localizada en Guerrero con los restos de 28 personas violentamente ultimadas, sin que a la fecha se conozca con certeza la identidad de dichos cuerpos.
También en hechos recientes, en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, el 30 de junio el Ejército reportó que como resultado de un “enfrentamiento” habrían resultado muertos 22 presuntos delincuentes. Semanas más tarde la versión oficial de los hechos fue cuestionada por un testigo indicando que las 22 personas fallecidas habrían sido ejecutadas. La Procuraduría General de la República, en reconocimiento a la falsedad de los reportes, acusó de homicidio sólo a tres militares involucrados en la matanza y continúa la investigación sobre la responsabilidad de más elementos castrenses que participaron en los hechos. Y contrariamente a las normas mexicanas y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de México en el caso Rosendo Radilla Pacheco, la justicia militar y no la ordinaria ha detenido a 8 militares.
“ Es preocupante que los esquemas de violencia, así como los excesos y abusos por parte de las fuerzas armadas y de seguridad denunciados en el gobierno de Calderón, se repitan bajo el gobierno de Peña Nieto ”, señaló Karim Lahidji, Presidente de la FIDH. “ Llamamos al gobierno para que conduzca las investigaciones con la mayor diligencia para lograr la identificación y castigo de los responsables ” añadió.
“ Es deber de este gobierno mostrar con acciones contundentes que este tipo de actuaciones por parte de las fuerzas armadas y de seguridad no serán toleradas y por el contrario serán severamente castigadas ” indicó Paulina Vega, Vicepresidenta de la FIDH e integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH. “ El gobierno debe investigar todo alegato, presente y pasado, de violaciones graves de derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad y sancionar a los responsables ” subrayó.
“ Debe de investigarse la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas a cargo de la zona, quienes quedaron pasivas dejando en la indefensión a las personas y cuyo desenlace ha sido tan grave ”, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh. “ De la misma manera, los órganos de inteligencia que dicen velar por la seguridad nacional, quedaron pasivos ante los hechos ".
Hace menos de un mes la FIDH junto con organizaciones mexicanas presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California entre los años 2006 y 2012, por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado durante el gobierno de Felipe Calderón. Este informe fue precedido por otra comunicación enviada en 2012 también a la Fiscalía, en donde se describieron los abusos cometidos y la impunidad en la que se encuentran estos crímenes.
Hoy, los lamentables actos de las últimas semanas, demuestran que bajo el gobierno de Peña Nieto, estas mismas autoridades continúan cometiendo conductas que constituyen graves violaciones a derechos humanos y podrían considerarse crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI, particularmente si no se llevan a cabo investigaciones serias.