Tres ONG piden a La Haya que investigue la lucha contra el narcotráfico en México

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) —fundada en 1922 y asesora de la ONU y el Consejo de Europa— solicitará este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Baja California (México). Los responsables serían las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, que actuaron en pleno mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). La FIDH ha documentado 30 casos con 95 civiles inocentes, “atacados para poder presentar avances y logros en la lucha oficial contra el crimen organizado”. Todas las víctimas acabaron siendo absueltas por los jueces. Ningún mando militar, o bien policial, fue a juicio por lo ocurrido.

México es un Estado parte de la CPI, y el Estatuto de Roma, texto fundacional de la misma, entró allí en vigor en 2006. La ONG puede, por tanto, invocar la justicia internacional en un caso así. La FIDH ha colaborado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, y el trío describe a los afectados como gente de clase media baja, y baja. “Su vulnerabilidad social permitía presentarles como integrantes de cárteles, y hacer pesar sobre ellos sospechas infundadas y en su mayoría fabricadas”. Los expedientes presentados son pocos, pero las tres ONG consideran que “forman parte de un fenómeno criminal sistemático y más extenso”, aún por investigar.

Según dice su informe, la política de seguridad del sexenio presidencial de Calderón no limitó el uso de la fuerza armada en la persecución del narcotráfico. De ahí que los ataques contra la población civil fueran sistemáticos y respondieran a un mismo patrón. “Primero, se detiene, tortura y acusa falsamente a los civiles de tener algún vínculo con el tráfico de drogas. Los arrestos se producen a domicilio, o en la calle, sin orden judicial. Las torturas son las utilizadas en México, es decir, golpes con una bolsa en la cabeza, ahogamientos, choques eléctricos incluso en los genitales, tortura sexual y amenazas de muerte”. También se usan drogas y armamento militar “para implicar falsamente a los civiles con el narcotráfico”, afirman los investigadores. “Al final, sin haberles dejado hablar con un abogado, los retenidos son obligados a firmar confesiones”.

Las tres ONG califican estas operaciones de “cacerías, llevadas a cabo por servidores públicos del Estado o el Gobierno Federal, ya sea en colaboración o bien facilitándolas”. De los afectados, dicen que son “un objetivo claro y no víctimas azarosas o colaterales de las acciones del Estado en la guerra contra el narcotráfico”.

Tanto Human Rights Watch como Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura, coinciden en el perfil social de la víctimas retratadas por las tres organizaciones desplazadas a la sede de la CPI, en La Haya. La Corte es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De todos modos, su fiscalía debe comprobar primero si México no quiere, o no puede, investigar los crímenes denunciados.