Ginebra-Paris, 26 de abril de 2024. Entre el 9 y el 12 de abril de 2024, en el marco de la conmemoración de los 227 años de la llegada del Pueblo Garífuna a territorio hondureño, 48 comunidades garífunas junto a representantes de los pueblos lencas, tolupán, maya chortí y pech, se movilizaron hasta la capital del país Tegucigalpa. Instalaron un campamento en los bajos del Congreso Nacional y realizaron una movilización hasta la Casa Presidencial el 12 de abril para exigir el establecimiento de una comisión intersectorial de alto nivel para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Durante la movilización se reportaron actos de intimidación, amenazas y agresiones físicas por parte de miembros de la guardia presidencial contra el pueblo garífuna. Se reportó que la defensora de derechos humanos Miriam Miranda fue amenazada con arma de fuego y que otras defensoras de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) también fueron agredidas.
A pesar de ocurridos estos actos de represión por parte de las autoridades hondureñas, y casi una década después de la emisión de las dos primeras sentencias de la Corte IDH, el pueblo garífuna finalmente logró impulsar la instalación de la Comisión Interseccional de Alto Nivel para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), la cual fue mandatada en el decreto ejecutivo PMC 03-2024 del 26 de marzo de 2024 como el mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
Desde hace años, las comunidades garífunas han luchado por defender y recuperar su territorio ancestral, por lo que han sido objeto de ataques sistemáticos y violentos. Antes de la movilización del 12 de abril, se reportó que el 6 de marzo de 2024, agentes de la Policía Nacional y grupos armados intentaron desalojar ilegalmente a miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz que estaban participando en la recuperación de tierra Wani Le, en el municipio de Tela, departamento de la Atlántida. Asimismo, el 9 de marzo de 2024, en medio de una protesta pacífica para denunciar la violencia contra las comunidades y el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH convocada por el Comité de Defensa de Tierras de Triunfo de la Cruz, el Patronato de la Comunidad de Triunfo de la Cruz y la Comisión para el Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz, hombres desconocidos y armados intentaron atropellar a las personas manifestantes.
El Observatorio celebra los esfuerzos y la incansable lucha del pueblo garífuna por defender sus territorios y exige a las autoridades hondureñas que, en el marco del establecimiento de la CIANCSI, cumplan integralmente con su mandato de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas por la Corte IDH; brindando garantías de seguridad física y psicológica a las víctimas, personas, comunidades y organizaciones que participan en la Comisión; y atendiendo las demandas señaladas por organizaciones como la OFRANEH, entre las que se encuentran la expropiación o reubicación de terceros que ocupan ilegalmente espacios territoriales del pueblo garífuna; el reconocimiento del territorio garífuna como uno solo; así como, el alto a los actos de amenazas, abusos y agresiones en contra del pueblo garífuna.
Además, el Observatorio, exige a las autoridades hondureñas que pongan fin a cualquier acto de represión y persecución contra las y los miembros de las comunidades garífunas, particularmente de la comunidad de Triunfo de la Cruz y de todas las personas que lideran acciones en defensa de los territorios; garantizando su integridad física y psicológica; e investigando cualquier acto de intimidación, hostigamiento y amenaza de manera independiente e imparcial.
El Observatorio recuerda al Estado de Honduras su obligación de cumplir con las sentencias de la Corte IDH, las cuales mencionan su obligación de reconocer el derecho de las comunidades garífunas al ejercicio efectivo de sus derechos sobre sus territorios; titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de ambas comunidades; y reparar a las víctimas afectadas por las violaciones cometidas por el Estado.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.