El Presidente Zelaya regresó a Honduras llamando a un diálogo para la superación de la crisis política y prevenir más violaciones de los derechos humanos. Este llamado fue respaldado por la OEA, el gobierno de los Estados Unidos y otras instancias de la comunidad internacional. La respuesta de los golpistas ha sido la de despreciar una vez más la propuesta del Acuerdo de San José y la mediación de Oscar Arias e, impedir el ingreso al país del Secretario General de la OEA. Se decretó el toque de queda por 48 horas y se cerraron los aeropuertos del país
Decenas de miles de personas que se agolpaban en los alrededores de la embajada brasileña, para proteger al Presidente Zelaya, han sido reprimidas salvajemente, utilizando balas de goma, gases lacrimógenos, garrotes y toletes, tanquetas y, la militarización de la ciudad se han producido miles de detenciones arbitrarias conduciéndoles al Estadio "Chochi Sosa" y en el Parque de Pelota "Lempira Reina", se han producido decenas de heridos y se denuncia que cuatro personas habrían perdido la vida.
La embajada de Brasil donde se encuentra el Presidente Zelaya con miembros de su familia, incluyendo menores de edad, está sitiada por el Ejército, han cortado el suministro eléctrico y, bloqueado las comunicaciones, también han lanzado gases lacrimógenos al interior desde helicópteros.
Han agredido la sede de organizaciones de derechos humanos como COFADEH y, el Centro de Estudios de la Mujer donde se han refugiado feministas, comunidades LGTB y población en resistencia están sitiados por el Ejército y la Policía. Defensores de derechos humanos han sido agredidos y, algunos de ellos detenidos.
Esta violencia y represión generalizada confirman una vez más que los golpistas no tienen intención ninguna de respetar las resoluciones de la OEA, ni de permitir una salida negociada a la crisis. Por tanto la FIDH urge al Consejo de Seguridad de las Naciones para que se pronuncie y actúe en los siguientes términos:
– Respaldando las resoluciones de la OEA
– Exigiendo el cese de la represión y de las violaciones de derechos humanos en Honduras por el régimen de facto
– Reclamando del Fiscal General de la Corte Penal Internacional acciones de naturaleza preventiva y, abrir una investigación por el crimen de persecución política en Honduras
– Dando un plazo perentorio al gobierno de facto para que se restablezca al Presidente José Manuel Zelaya en el gobierno, so pena de adoptar sanciones económicas contra los golpistas y empresarios que los sostienen.
– Cuestionar el proceso electoral y llamar a que no se reconozcan sus resultados, si previamente no se restablece el orden democrático y se restablecen las libertades fundamentales.