La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien hizo parte de una misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras a fines de julio de este año, constató la comisión de violaciones masivas de los derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Estas violaciones fueron documentadas en un informe titulado "Gobierno de facto viola derechos humanos en Honduras". Al día de hoy, constatamos que las violaciones siguen y la situación está cada vez más tensa, como lo demuestran los hechos ocurridos el 11 y 12 de agosto.
Entre otros, se verificaron evidentes obstáculos para el acceso a la justicia, la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta adecuada de los mecanismos de control del Estado. No solamente que las violaciones a los derechos humanos no han sido judicializadas, sino que el aparato judicial se instumentaliza para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto.
Una de las conclusiones fundamentales de la misión ha consistido en determinar que tanto el Decreto No. 11-2009, que establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia. Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las más de mil detenciones arbitrarias temporales motivados por el toque de queda, y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
Se constataron también serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A este respecto, el Dr. Frank La Rue, Relator especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, denunció en un informe del 10 de agosto: "en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado". A su vez, una parte de los medios masivos de comunicación del país tiene una actitud irrespetuosa hacia la pluralidad de ideas. Se denuncia también la polarización de la sociedad, incitada desde los medios de comunicación favorables a las autoridades de facto, con énfasis en ligar las movilizaciones sociales al terrorismo internacional o al crimen organizado, al igual que a varios de los miembros del gobierno depuesto. "Documentar la situación política y en particular las violaciones de Derechos Humanos constituye la dificultad más seria" reseñó el Dr. Frank La Rue.
Como lo denunció el Relator especial, "la situación de Honduras en materia de Derechos Humanos se deteriora progresivamente", con una polarización creciente de la población y la continuación de la violación masiva de los derechos humanos. En efecto, según el Dr. Frank La Rue, " no se permiten las manifestaciones libres de quienes denuncian el golpe de estado y piden el retorno del Presidente Zelaya, los enfrentan de inmediato con mecanismos de represión directa de las fuerzas de seguridad".
De ese deterioro atestigua la represión por el Ejército y la policía de las manifestaciones del 11 y 12 de agosto contra el golpe de Estado, en la cual participaban unas 35 000 personas. La FIDH expresa su firme rechazo y condena ante la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad que dejaron decenas de heridos, entre ellos Marvin Ponce, Diputado de la Unificación Democrática y destacado defensor de los derechos humanos, co-fundador de FIAN Honduras, así como ante la detención arbitraria de cientos de personas. En particular, la FIDH está muy preocupada por las informaciones según las cuales personas habrían sido torturadas durante el operativo llevado a cabo en la Universidad Pedagógica de Tegucigalpa, y otras detenidas.
La FIDH llama al restablecimiento inmediato del orden constitucional y al cese de las violaciones masivas de los derechos humanos. La FIDH urge las distintas autoridades a que todas las violaciones de derechos humanos cometidas sean investigadas y que sus autores sean juzgados por un tribunal imparcial e independiente, en conformidad con las reglas del debido proceso y sancionados.
La FIDH hace un llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que condene el golpe de Estado en Honduras, y tome todas las medidas necesarias para contribuir al restablecimiento del orden constitucional. Igualmente para que se deje claro que no se reconocerá el proceso electoral ni su resultado, como lo ha decidido la OEA. Este proceso electoral está viciado no solamente por el golpe de Estado, sino también por la ausencia total de garantías de libertades ciudadanas, de expresión y democráticas.
Asimismo, la FIDH llama el Consejo de Derechos Humanos a que adopte una resolución de urgencia condenando el golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos cometidas, y mandate una comisión de investigación a Honduras integrada, entre otros, por las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados, así como por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.