El día 18 de julio de 2007, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dio dictamen negativo a la creación de la CICIG. El argumento principal para sostener esta decisión es que varias de las disposiciones del acuerdo de creación de la CICIG violan la Constitución, esto contradice abiertamente la opinión consultiva que, al respecto, emitió la Corte de Constitucionalidad [1].
Los 13 de los 21 diputados que apoyaron este dictamen pertenecen a los partidos: Frente Republicano Guatemala (FRG), cuyo líder es Efraín Ríos Montt, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido de Avanzada nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Movimiento Reformador (MR) y Unión Democrática (UD). Desde un principio, el FRG había declarado que se opondría a la CICIG. El mismo general Efraín Ríos Montt está apelando al secreto de Estado dentro del proceso de extradición que se sigue en su contra, para que los tribunales no tengan acceso a información militar relacionada con el gobierno que presidió en 1982- 1983.
La FIDH expresa su profunda preocupación ante este dictamen negativo ya que la CICIG constituye el segundo intento del Gobierno y de la ONU de crear una comisión de carácter internacional para investigar sobre la criminalidad organizada en el país. La CICIG coadyuvará también a disminuir los niveles de violencia, fortalecerá los procesos de investigación y contribuirá a la desarticulación de las estructuras ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. La FIDH recuerda que el primer intento fue la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) que culminó sin éxito en el 2004, luego de que la Corte de Constitucionalidad, en atención a una opinión consultiva solicitada por el Presidente de la Republica, declaró inconstitucional algunos elementos de la propuesta.
La FIDH constata con decepción que los políticos utilizan argumentos de tipo constitucional encontra, aunque en esta ocasión el Tribunal Constitucional encontró todo el convenio de la CICIG con la ONU ajustado a la Carta Política. Lo que hace tender un manto de sospecha sobre las más grandes fuerzas políticas de Guatemala que estarían igualmente penetradas por el crimen organizado, afectando la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. El dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Exteriores a la CICIG, podría revertirse si el pleno del Congreso decide el 1° de agosto, bajo el trámite de urgencia nacional la ratificación del acuerdo.
En este contexto, la FIDH urge al poder Legislativo a tomar todas las medidas para que la ratificación de la CICIG se produzca sin más dilaciones. Han transcurrido más de 3 años desde la primera propuesta de establecimiento de tal comisión y, lejos de consolidarse la seguridad publica, el reino de la impunidad y del crimen se sigue extendiendo. Esperamos que las fuerzas políticas de Guatemala, sean conscientes de que se necesita ratificar este acuerdo con la ONU.