La FIDH celebra el inicio, este 19 de marzo de 2013, del juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983) por el delito de genocidio. El inicio de este proceso marca un paso fundamental, esperado durante décadas, hacia la justicia por los crímenes sufridos por las comunidades indígenas durante la guerra.
“El comienzo de este proceso representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y construir una sociedad más justa en Guatemala. Durante todos estos años de lucha contra la impunidad, la valentía, perseverancia y paciencia de las y los testigos, víctimas y abogados han sido fundamentales para romper el silencio” declaró Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno por 36 años. Entre los años 1981 y 1983 se cometieron crímenes atroces de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, particularmente contra la población maya. Bajo el pretexto de la “guerra” contra el comunismo, acabaron con cientos de comunidades indígenas del occidente guatemalteco a quienes habían etiquetado como “enemigos internos”. El fin de la guerra no se vio acompañado de procesos para establecer la responsabilidad penal de los responsables de las vejaciones sufridas por la población civil durante el conflicto.
En el año 2001, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) que aglutina a víctimas sobrevivientes del conflicto interno, junto con CALDH, presentaron una querella contra los altos mandos militares de la dictadura de Ríos Montt como autores intelectuales de los delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El proceso contra Ríos Montt no se ha visto libre de contratiempos. Si bien la AJR ha proporcionado más de un centenar de testimonios, el Ministerio Público no avanzó en la investigación durante más de siete años y no fue sino hasta el año 2012 que Ríos Montt rindió su primera declaración ante un juez y se le ligó a un proceso por genocidio. La defensa de los militares ha interpuesto, como estrategia dilatoria, más de cien recursos, de los cuales 98 han sido declarados sin lugar.
La defensa ha querido ampararse en una amnistía contemplada por la Ley de Reconciliación Nacional. Sin embargo, la propia ley señala que dicha amnistía no se aplica a los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, o cualquier otro delito imprescriptible. De acuerdo con el derecho internacional, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser amnistiados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en condenas contra el Estado guatemalteco, ya ha advertido que la utilización de dicha amnistía en relación con violaciones graves a los derechos humanos contravendría la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Este proceso reviste de una importancia fundamental para el futuro de Guatemala. Es necesario que el Estado guatemalteco tome todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de testigos, víctimas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia”, dijo Manuel Ollé, abogado español, observador del juicio en nombre de la FIDH.
La observación internacional de la FIDH al proceso estará a cargo de diferentes expertos internacionales que evaluaran el respeto de las normas internacionales.
“Ha sido un proceso largo pero necesario para iniciar una verdadera transición hacia una sociedad en la que se respeten los derechos de todos los guatemaltecos” señaló Edgar Pérez abogado de AJR. “Frente al mundo, esta es una señal de que cualquier proceso de paz debe necesariamente ir acompañado de mecanismos de justicia. El silencio impuesto, aunque dure años, no puede ahogar los reclamos de justicia por violaciones graves de derechos humanos.”