La FIDH denuncia la instrumentalizacion de la justicia y la actuación de jueces y magistrados que mantienen la impunidad, del genocidio de Ríos Montt; la FIDH llama a la Corte de Constitucionalidad a que invalide la Sentencia de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y restaure los derechos constitucionales de las víctimas.
Karim Lahidji, Presidente de la FIDH comentó, en referencia a la retroceso del proceso:“Es una vergüenza: la decisión de anulación del juicio y sentencia del exdictador fue ilegal en derecho guatemalteco y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Esta ilegalidad se está profundizando al retroceder a una etapa en la que no existía la imputación a Ríos Montt”.
En mayo de 2013 el ex dictador Efraín Ríos Montt fue condenado a ocho décadas de prisión por el exterminio de más de dos mil miembros del grupo étnico maya-ixil en el marco del conflicto armado. Diez días más tarde, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de manera arbitraria e ilegal canceló parte del debate. Esto tuvo como consecuencia la anulación de facto de la condena.
Ha sido evidente cómo desde que se inició el juicio contra el general Ríos Montt, sus abogados nunca se defendieron lo indefendible sino que con abundantes medios económicos y a través de estrategias dilatorias y de presión indebida hacia el poder judicial lograron anular el juicio y la condena. Luego a través de diferentes amparos los abogados del ex dictador Ríos Montt intentaron obtener la aplicación de la Ley de amnistía 8/86 sin éxito por lo que sus esfuerzos se están ahora centrando en conseguir que se reinicie el proceso en un momento previo a la imputación de Ríos Montt. Esto para prolongar la organización de un nuevo juicio.
Es inaudito que un mismo proceso penal se esté litigando en dos lineas procesales: una con la acción que impulsa la Jueza Carol Patricia Flores que pretende regresar el proceso a noviembre, y la otra, con lo que el Tribunal de Sentencia B ha realizado en cumplir con repetir el debate. Ello demuestra un gran retroceso en materia de Justicia en Guatemala y facilita la impunidad, no sólo en este caso sino en casos venideros.