Intervención minera a gran escala en Ecuador: la urgencia de una moratoria para prevenir las violaciones de derechos humanos

Una misión internacional acudirá a Quito del 11 al 13 de enero 2011 para presentar las conclusiones y recomendaciones del informe, a las autoridades gubernamentales, al sector minero, a los medios de comunicación y a actores de la sociedad civil.

En este informe, la FIDH y la CEDHU demuestran y denuncian:

• la ausencia de mecanismos de consulta apropiados;
• un proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento;
• la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales
que produciría la extracción minera a gran escala especialmente en relación al derecho al agua;
• la represión y criminalización a personas opuestas a los proyectos mineros a gran escala, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

“Estas prácticas se traducen en violación a los derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y personal, la libertad y la seguridad individual, la libre expresión, la dignidad humana y el derecho a un trato equitativo”, recuerda Elsie Monge, Directora ejecutiva de la CEDHU.

Entre las recomendaciones dirigidas a las autoridades ecuatorianas y canadienses como a las empresas mineras, la FIDH y la CEDHU consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que:

• las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas;
• los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente;
• se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas;
• se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas pesan sobre las personas que defienden sus derechos y territorios.

“El Estado y las empresas deben cesar todo tipo de hostigamiento judicial que intenta disuadir a las personas que se oponen a los proyectos mineros”, afirma Luis Guillermo Pérez, Secretario General de la FIDH.

La Ligue des droits et libertés de Québec (Canadá) se une a la FIDH y a la CEDHU exigiendo al gobierno canadiense que asuma su responsabilidad. “Dos meses después del rechazo de los parlamentarios canadienses al proyecto de ley sobre la Responsabilidad de las empresas en cuanto a actividades mineras, petroleras o de gas, en países en desarrollo, este informe insiste en la necesidad y urgencia de adoptar medidas legislativas que obliguen a las empresas mineras a respetar los derechos humanos, independientemente de país o circunstancia”, afirma Dominique Peschard, presidente de la Ligue des droits et libertés du Québec.

Leer más