TLC: La hoja de ruta de Colombia no cumple con los requisitos del Parlamento europeo

12/11/2012
Comunicado
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Señores Parlamentarios,

En el pasado mes de mayo, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y luego el conjunto de los miembros del Parlamento Europeo aplazaron el voto del acuerdo de comercio con Colombia y Perú, solicitando que ambos países definieran primero una “hoja de ruta, transparente y vinculante, sobre derechos humanos, medioambientales y laborales”.

La resolución del Parlamento Europeo fue un éxito en el sentido de que fue más allá de los aspectos laborales y ambientales, pidiendo que las autoridades colombianas incluyeran medidas contra la impunidad. En efecto la resolución solicita “la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la impunidad, investigando, actuando penalmente y castigando en tribunales civiles a aquellas personas con mayor responsabilidad tanto intelectual como material en los delitos cometidos en Colombia” [1]

Desde entonces, el gobierno colombiano ha producido un documento que contiene elementos evocados en la Résolución del PE. Sin embargo, como lo demuestra el silencio de la hoja de ruta, no existen disposiciones suficientes para luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales que se continúan perpetrando en Colombia.

Esto es aún más preocupante que el gobierno está impulsando una reforma constitucional que amplía el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, a través de la reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución. Como lo han resaltado once expertos de Naciones Unidas, a través de la reforma, crímenes tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento de niños y niñas, entre otros, quedarían bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.

Esa reforma está en clara contradicción con la Resolución del Parlamento que pide que las investigaciones se conducen por juridicciones civiles. La paz no se puede construir sobre la impunidad y en tanto en cuanto no se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

La realidad de los hechos (ver abajo el contexto con referencia a los displacamientos forcados, masacres, minas antipersonal, etc) requieren una acción de emergencia:

  • Del primer semestre de 2010 al primer semestre de 2011, las masacres han aumentado en un 29%, al pasar de 17 casos a 22. Tan sólo para el año 2011, 49 defensores de derechos humanos y 35 sindicalistas han sido asesinados, y se estima que casi 90.000 hogares fueron desplazados.
  • En cuanto a los crímenes cometidos por el Ejército, como las ejecuciones extrajudiciales, existe una casi total impunidad. De los 2463 casos abiertos, 1713 están vinculados a investigación, y se ha proferido sentencia condenatoria en tan sólo 30 de ellos. [2]
  • Con respecto a los crímenes cometidos por los paramilitares, 30,000 de los supuestos desmovilizados beneficiaron de una amnistía de facto, al igual que los 3000 que fueron sometidos a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) [3]
  • Para los crímenes cometidos por la guerrilla, el marco jurídico para la paz, al prever el establecimiento de instrumentos de justicia transicional y criterios de priorización y selección de casos, afectaría los procesos penales tanto su contra como en contra de los militares responsables de graves violaciones de derechos humanos.

En este contexto, la FIDH considera que la hoja de ruta propuesta por el gobierno Colombiano no cumple la condiciones establecidas por el Parlamento europeo para permitir la ratificación del TLC. La FIDH cree que es preciso que la hoja de ruta cubra todos los aspectos destacados en la Resolución, incluso la impunidad, para permitir un adecuado monitoreo de la hoja de ruta por el Parlemento, en un país como Colombia donde persisten graves violaciones de derechos humanos.

El marco estratégico de la UE y del plan de acción sobre los derechos humanos y la democracia adoptado en junio de 2012, prevee una consideración reforzada de la situación de los derechos humanos en terceros países en conexión con la conclusión de Tratados de Libre Comercio. Los europarlamentarios son claves para asegurar que el TLC con Colombia y Perú cumpla con la ambición de la EU de situar los derechos humanos en el centro de sus relaciones estos países, utilizando toda la gama de instrumentos a su disposición y en todos los ámbitos de su acción exterior sin excepción, incluyendo el comercio.

Agradeciendo la atención a la presente y confiando en que tomarán las decisiones adecuadas, se despide,

Atentamente,
FIDH


La FIDH quiere recordar su recommandaciones para la aprobación del TLC: http://www.fidh.org/IMG//pdf/el_parlamento_europeo_puede_contribuir_a_que_en_colombia_cese_la_comision_de_crimenes_internacionales_y_que_se_respete_la_labor_de_los_defensores_y_de_los_sindicalistas.pdf

Contexto

Entre 3 800 000 y 5 200 000 de desplazados internos entre 1997 y 2011, es decir de 7,5 a más del 10% de la población.

3345 casos de ejecuciones atribuidas a agentes del Estado, de las cuales 1.622 son reconocidas por la Fiscalía hasta agosto de 2010. [4]

Más de 16 000 casos de desapariciones forzadas reconocidas por la Fiscalía general de la Nación desde 1980.

Más de 1000 indígenas asesinados en diez años, 54,9% más en el 2011 que en el 2010, y 34 comunidades indígenas en peligro de ser exterminadas cultural o físicamente.

Un total de cerca de 2500 fosas encontradas y más de 3000 cadáveres desde 2004.

Casi 10 000 víctimas de minas anti-persona entre 1990 y enero de 2012 de los cuales casi 40% civiles, y un cuarto de ellos, niños. [5]

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