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31 de agosto de 2011

Colombia - Antiterrorismo y derechos humanos ¿ diez años de incompatibilidad?

Colombia - Antiterrorismo y derechos humanos ¿ diez años de incompatibilidad?
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el apoyo financiero estadounidense a Colombia que hasta ese momento se destinaba a la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia pasó a financiar la lucha contra el terrorismo. A partir del mes de octubre de 2001, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares fueron incluidos en la lista de los grupos terroristas. El ex-presidente Álvaro Uribe puso en práctica la llamada política de «seguridad democrática» cuyo objetivo consistía en asegurar nuevamente el control territorial y el fortalecimiento del Estado por medio, principalmente, de un aumento considerable del presupuesto dedicado a la defensa, que pasó del 5,2% del PIB en 2004 al 14,2% en 2010 (11.057 millones de Dólares), superando por primera vez el presupuesto destinado a la educación (13,9% del PIB).

Dicha política de «seguridad democrática» estuvo caracterizada entre otras cosas por la adopción de la ley de «Justicia y Paz» en el 2005, que preveía la desmovilización paramilitar, favoreciendo la impunidad. Únicamente el 2% de los paramilitares desmovilizados fueron juzgados por los crímenes cometidos. Esta desmovilización no sirvió por lo tanto para neutralizar a los grupos paramilitares, por lo contrario, éstos se volvieron más influyentes en las esferas del gobierno resultando en el escándalo de la «parapolítica».

Con la creación de « redes de informadores », el gobierno involucró a la población civil en el conflicto armado, lo cual constituye una violación grave del derecho internacional humanitario.

Por otra parte, 23 dirigentes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos donde se les persigue por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, impidiendo así que se les condene por los crímenes que perpetraron en Colombia (masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, desplazamientos forzados, etc), y violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Además, los dos mandatos del ex-presidente Uribe (de 2002 a 2010) estuvieron marcados por más de 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas bajo el nombre de «falsos-positivos». Dichas ejecuciones son el resultado de las políticas instauradas por el gobierno con miras a animar a los miembros del ejército colombiano a neutralizar los grupos armados irregulares, a cambio de compensaciones financieras. De este modo, un elevado número de civiles fueron asesinados por las fuerzas armadas y a continuación presentados como «guerrilleros caídos en combate» con el fin de percibir las recompensas prometidas por el gobierno.

En nombre de la lucha contra el terrorismo, la tesis que habilitaba al Estado a infringir la ley para combatirlo fue ganando terreno. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia directamente vinculado al poder Ejecutivo dio rienda suelta, a través del Grupo de inteligencia estratégica «G3», a toda una serie de actividades ilegales que iban desde las interceptaciones telefónicas hasta las amenazas y atentados contra unas 600 personas, la mayor parte de ellas defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos y sindicales, miembros de la oposición o incluso magistrados.

El ex-presidente Álvaro Uribe Vélez así como determinados responsables de las altas esferas del DAS son actualmente objeto de acciones judiciales. Álvaro Uribe se encuentra bajo investigación preliminar ante la Comisión de Investigación de la Cámara para determinar su responsabilidad en las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el DAS durante sus dos gobiernos. Bernardo Moreno Villegas, Secretario General de la Presidencia de Uribe durante seis años, está acusado de concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. Asimismo, el ex-Director del DAS Jorge Noguera Cotes está siendo juzgado por sus relaciones con los paramilitares y el asesinato de tres personas. Adicionalmente, el gobierno colombiano anunció la solicitud de extradición de María del Pilar Hurtado, también ex-directora del DAS, acusada de concierto para delinquir agravado y refugiada en Panamá desde noviembre de 2010.

Para más información :

Colombia - Las actividades de inteligencia del Estado –DAS- al servicio de intereses criminales y de persecución política (2010)

http://www.fidh.org/Colombia-Las-actividades-de-inteligencia-del (in Spanish)

Colombia : The intelligence activities of the State -DAS- serving criminal interests and political persecution (2010)

http://www.fidh.org/The-intelligence-activities-of-the-State-DAS (in English)
Actualización el 31 de agosto de 2011

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