El pasado 8 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación mediante decisión administrativa destituyó e inhabilitó por quince años para cargos públicos al Alcalde Mayor de Bogotá de Gustavo Petro Urrego, democráticamente electo en octubre de 2011. Esta decisión se enmarca en un proceso disciplinario abierto en su contra por la Procuraduría en junio de 2013, a raíz de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del sistema de aseo de la capital.
“Rechazamos esta decisión desproporcionada, que vulnera tanto los derechos políticos de Gustavo Petro como el derecho al voto de los ciudadanos que lo eligieron”, afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Si bien la legislación colombiana permitiría la sanción disciplinaria a personas electas popularmente, dicha potestad afecta el debido proceso, la democracia y en las condiciones específicas de Colombia, se convierte además en un obstáculo al proceso de paz.
“Ante esta medida contraria al Derecho Interamericano, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares a favor de Gustavo Petro”, agregó Luis Guillermo Pérez, Presidente del CCAJAR.
Esta figura jurídica es contraria al Derecho Interamericano en virtud de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso López Mendoza vs Venezuela, la Corte rechazó la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo de elección popular sin que exista una sanción penal, es decir, no se puede destituir a una persona electa por una vía que no sea judicial, y aquí la vía fue administrativa. La situación ha motivado una denuncia que se encuentra bajo conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por responsabilidad estatal en violación del debido proceso y los derechos políticos del Alcalde Mayor y sus electores.
Es una cuestión de respeto de las reglas democráticas y de los derechos políticos contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello la FIDH y el CCAJAR urgen a la Comisión Interamericana a otorgar las medidas cautelares al Alcalde Mayor de Bogotá y a ordenar la suspensión de la sanción disciplinaria en su contra.
Cabe recordar que desde el inicio de sus funciones en 2008, en hechos que podrían parecer constituir también abusos de autoridad, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado ha usado esta sanción administrativa en numerosas oportunidades, destituyendo a 22 parlamentarios, 29 gobernadores y decenas de alcaldes, así como a la Senadora Piedad Córdoba.