Costa Rica - Este miércoles 29 y jueves 30 de mayo se realizaron ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos los alegatos del caso “Norín Catriman y otros vs Chile”, por discriminación racial y graves faltas al debido procesos en la aplicación impropia de la Ley Antiterrorista a dirigentes y autoridades ancestrales de Comunidades Mapuche muchas de ellas en reivindicación territorial.
Luego de haber escuchado los testimonios y alegatos la Corte Interamericana deberá decidir, en una sentencia que se espera para finales de 2013 o inicio del 2014, si el Estado chileno violó derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el principio de la legalidad, el derecho a la defensa, y el derecho a ser juzgado ante un juez imparcial. Esto representaría la primera condena del Estado chileno por discriminación en contra de indígenas Mapuche.
Jimena Reyes, abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentó en su alegato diversas estadísticas sobre la aplicación de dicha ley de la democracia al año 2005, periodo en el cual se inscriben los casos denunciados, que prueban esta práctica discriminatoria, insistiendo a su vez en la falta de rigor jurídico de las sentencias de condena, pues se basaron en “prejuicios” e infirieron culpabilidad de la sola pertenencia al Pueblo Mapuche.
Otro de los puntos debatidos durante el juicio, fue el uso de testigo sin rostro como prueba principal para inculpar a dirigentes Mapuche, no siendo posible interrogar a los testigos de acuerdo a los estándares del debido proceso.
Durante las audiencias se entregaron, además, elementos de contextos para dar cuenta de la estigmatización que provoca este actuar discriminatorio del Estado de Chile y la criminalización de la protesta mapuche.
Los representantes de la FIDH le solicitaron a la Corte reparar a las víctimas, ordenar al Estado chileno reformar la figura de los testigos con identidad reservada, así como también adecuar la Ley Antiterrorista y sancionar a los jueces y fiscales que discriminaron a las víctimas del caso.
Finalizados los alegatos, los magistrados formularon preguntas a los representantes del Estado, abogados de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, otorgando plazo de un mes -hasta el 29 de junio próximo- para
responder por escrito estos requerimientos.