El esfuerzo de los familiares y víctimas, la labor de organismos nacionales e internacionales y el anhelo de la sociedad chilena han permitido que se lograran las condenas de algunos de los más altos responsables de los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos perpetradas bajo la dictadura, y se crearan, bajo el gobierno anterior, instrumentos de apoyo a la verdad, la justicia y la reparación.
A pesar de esto, el Estado chileno mantiene una deuda histórica con las víctimas. La conmemoración de los 40 años del golpe ofrece la oportunidad a todos los defensores y luchadores de los derechos humanos, para perseverar en su acción. Cada nuevo logro, cada nuevo caso que se conozca, cada nuevo dictamen de los jueces en su empeño de hacer justicia, constituyen una señal de que no todas las puertas están cerradas y que hay que perseverar en la lucha, ante un imperativo ético y moral, que permita entregar a las nuevas generaciones un país que haya saldado su deuda con la democracia y con la verdad y justicia.
Ante esta situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), hacen un llamado a perseverar en la búsqueda de verdad y justicia, y solicitan a las autoridades chilenas dar seguimiento a la petición de extradición de Francia, en aplicación de la condena, por la Corte Penal de París el 17 de Diciembre de 2011, de doce responsables de la dictadura de Pinochet por la desaparición de los ciudadanos franco-chilenos Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, Jorge Klein y Etienne Pesle.
Asimismo, la FIDH y el CODEPU solicitan reforzar la labor de los actuales ministros en visita que investigan causas de derechos humanos, y dotar a la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, de mayor personal y recursos acorde a su carga de trabajo.
Finalmente, la FIDH y el CODEPU instan a las autoridades chilenas a derogar la ley de amnistía, dar urgencia a los proyectos de ley que sancionan los crímenes de lesa humanidad, adaptar la legislación chilena de acuerdo a la normativa internacional y adoptar las medidas para dar plena vigencia a los tratados y convenios internacionales, así como a reformar la Justicia Militar, limitándola a delitos exclusivos de la función militar, y a crear una defensoría del pueblo.