Brasilia, Brasil — Más de sesenta organizaciones de la sociedad civil entregaron este miércoles una carta al secretario general electo de la OCDE, Mathias Cormann, en la que plantean su preocupación por el retroceso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en materia de derechos humanos y medio ambiente, precisamente en el momento en que se plantea la adhesión del país a esta prestigiosa organización multilateral.
Una de las principales cuestiones que se abordan en esta carta, firmada por organizaciones brasileñas e internacionales, es un proyecto de ley (PL 3729/2004) respaldado por el gobierno de Bolsonaro y un grupo de presión conservador del sector agroalimentario (conocido como los "ruralistas") que está a punto de ser aprobado por la Cámara Baja (Cámara de Diputados) del Congreso Nacional. Este proyecto de ley socavaría elementos críticos de la legislación federal relativa a la concesión de licencias ambientales, como las evaluaciones de impacto, con el fin de acelerar la aprobación de proyectos de alto riesgo.
En la carta se advierte asimismo del peligro que supone otro proyecto de ley (PL 910) que abriría la minería industrial, la exploración de gas y petróleo, las presas hidroeléctricas, la agroindustria a gran escala y otras actividades de alto impacto en las tierras indígenas, las áreas más preservadas del país que cumplen funciones vitales de protección de la biodiversidad y de regulación del sistema climático. \
Estas organizaciones alertan, además, sobre un proyecto de ley que la oposición ha denominado la "Ley de acaparamiento de tierras" (PL 510 en el Senado, PL 2633 en la Cámara Baja) que facilitaría la concesión de títulos de tierras privadas a especuladores y ganaderos a gran escala que han invadido y talado ilegalmente bosques en tierras públicas, especialmente en la Amazonia.
Según las organizaciones firmantes de la carta, "nos encontramos ante uno de los mayores ataques institucionales de la historia de Brasil contra la protección del medio ambiente, del clima, de los pueblos indígenas, de las comunidades quilombolas y de otros pueblos y comunidades tradicionales".
"Pasar por alto este reciente retroceso en materia de derechos humanos y salvaguardias ambientales al examinar la candidatura de Brasil a la OCDE supondría enviar al gobierno de Bolsonaro un mensaje totalmente contrario a sus principios, lo que serviría para fomentar una escalada de los ya intensos conflictos sociales y ambientales, entre otros, la deforestación y la quema desenfrenada en la Amazonía y otros biomas sensibles",
La carta de las OSC destaca que los proyectos de ley elaborados por el Gobierno de Bolsonaro y por los aliados del lobby ruralista en el Congreso amenazan el derecho colectivo a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, que está garantizado por el artículo 225 de la Constitución Federal y que incluye los esfuerzos para luchar contra el cambio climático.
Entre las organizaciones cofirmantes se encuentran APIB (la mayor organización indígena de Brasil), Conectas Derechos Humanos, International Rivers, Center for Economic and Policy Research, Greenpeace Brasil, WWF Brasil, Center for Research on Multinational Cooperation, entre otras.
Falta de respuesta a la pandemia
La carta, enviada también a Ángel Gurría, secretario general saliente de la OCDE, destaca la pésima gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno de Bolsonaro a lo largo del último año. "El presidente Bolsonaro ha subestimado continuamente la gravedad de la enfermedad, ha apoyado el uso de tratamientos inefectivos y no probados, ha ignorado la urgencia de adquirir vacunas, ha atacado a los/as funcionarios/as locales que adoptaron medidas para luchar contra la pandemia y ha desalentado el uso de mascarillas y la política de permanencia de la población en sus casas como medio para contener los contagios", afirma.
Al transmitir su preocupación a los Estados miembros de la OCDE, la carta concluye que la candidatura de Brasil a la adhesión no puede constituir un apoyo a los ataques de Bolsonaro contra las políticas socioambientales y de derechos humanos. En caso de que la candidatura del país avance, "es necesario prestar especial atención al refuerzo de las políticas públicas en materia de legislación socioambiental (y no apoyar sus retrocesos) así como a la promoción del espacio democrático."
Adhesión a la OCDE
Desde 1999 Brasil es país invitado como observador a las reuniones de la OCDE, aunque aún no se ha incorporado como Estado miembro. Bolsonaro ha impulsado la adhesión del país desde su campaña para la presidencia en 2018 y ha hecho concesiones a países como Estados Unidos con objeto de recabar apoyos para ser miembro de pleno derecho de la OCDE.