En los últimos meses se han multiplicado las manifestaciones de diferentes grupos de la ciudadanía quienes ante la contradicción de los gastos hechos por el Estado en la organización de la Copa de la FIFA, reivindican un mayor respeto por sus derechos económicos y sociales. Las numerosas manifestaciones tienen en común la denuncia de las inversiones del gobierno de Brasil en la infraestructura y organización del mundial de fútbol, en detrimento de las graves necesidades sociales y económicas de la población brasileña. A esto se suman las tensiones por las obras emprendidas para la realización del mundial, como por ejemplo, las muertes de trabajadores en la construcción de los estadios, así como los casos de desalojos en los barrios vecinos de los estadios de fútbol.
Las numerosas y continuas manifestaciones han tenido una respuesta represiva y exagerada por parte de las fuerzas de seguridad. Desde el 20 de junio de 2013 han muerto 21 personas como resultado de la confrontación con las fuerzas de seguridad. El 22 de abril de 2014, falleció Edilson da Silva Santos de 27 años, despúes de haber sido golpeado por la policía que reprimía la protesta, iniciada después de la muerte de otro joven a manos de la policía. Igualmente, otras decenas han sufrido daños físicos permanentes, como el caso del periodista Sérgio Silva quien perdió la vista en un ojo tras ser alcanzado por una bala de goma durante la manifestación del 13 de junio de 2013 en São Paulo.
La estrategia del gobierno no se limita a la represión sino que se extiende a la creación de un conjunto de normas que criminalizan la protesta social. En diciembre de 2013, el Decreto Nº 3461 del Ministerio de Defensa, además de otorgar facultades policiales al Ejército, insinúa que las organizaciones y los movimientos sociales se consideran opositores de las fuerzas gubernamentales. Estas insinuaciones junto a la confusión de funciones de policía civil con las funciones propias del estamento militar, han ocasionado graves violaciones de derechos humanos que se traducen en detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
En suma, se vienen creando tipificaciones que tienen como único fin la criminalización de la protesta social. En este sentido, destacamos la existencia de 17 proyectos de ley en el Congreso que podrían criminalizar personas ejerciendo su derecho a la protesta pacifica En esta línea se encuentra el proyecto legislativo establecido por el Secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, el cual prevé de manera vaga, ambigua y extensa definiciones de lo que podría considerarse “desorden público e incitación al desorden público”, posibilitando la criminalización de casi cualquier manifestación publica. El gobierno brasileño ha afirmado que tiene la intención que algunas de esas tipificaciones entren en vigor antes de la Copa Mundial de la FIFA.
La organización de grandes eventos deportivos, como una copa mundial de fútbol, no debería tener este tipo de incidencia sobre los derechos políticos de las personas, ni generar tantos levantamientos populares, ni tensiones sociales y la FIDH ya ha hecho llamados a las autoridades y a la FIFA a que tomen todas las medidas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos.
En este contexto, nos preocupa una masiva criminalización y amenaza de los defensores de los derechos humanos, en el que las arrestaciones, detenciones arbitrarias y el trámite de leyes que criminalizan los movimientos sociales vienen siendo una referencia. En la ciudad de São Paulo, en un solo día 260 personas fueron llevadas a la Comisaría de Policía con la clara intención de impedir su derecho a manifestarse. En Río de Janeiro, durante la protesta del 15 de octubre de 2013, se detuvo a 83 manifestantes por el solo hecho de estar sentados en las escaleras de la alcaldía. Acciones como esta evidencian como las propuestas legislativas en curso, que tienen como objetivo la Copa Mundial de la FIFA, agravan la criminalización de las manifestaciones.
En este contexto, le pedimos a la Unión Europea que solicite al gobierno de Brasil priorizar el diálogo sobre la represión y en este sentido:
- Escuchar, atender y dar respuesta a las demandas sociales de la población brasileña.
- Detener la represión y el uso abusivo de la fuerza durante las manifestaciones.
- Frenar los procesos legislativos que criminalizan la legítima protesta social y la acción de los defensores de derechos humanos.
Finalmente, solicitamos que la Unión Europea haga un llamado a la FIFA y a sus patrocinadores a asumir su responsabilidad de preparar la Copa Mundial de Fútbol, con la debida diligencia y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y reparar los abusos de los derechos humanos que podrían causar - o que podrían contribuir a causar-.