Desde el 18 de noviembre, Alan García se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, donde ingresó a pedir asilo político. Horas antes el Ministerio Público le había notificado la prohibición de salir del Perú por un lapso de 18 meses, a causa de dos investigaciones por corrupción en las aparece involucrado.
Las organizaciones mencionadas rechazan la pretensión de García de huir de la justicia invocando una persecución política inexistente. Tampoco existe alguna situación de tipo humanitario que amerite un amparo internacional. Todo lo contrario, García está siendo investigado por tráfico de influencias en la adjudicación del Metro de Lima a Odebrecht, colusión agravada y lavado de activos. Incluso esta investigación se ha ampliado tras la publicación de un reciente informe que confirmaría que recibió al menos 100,000 dólares de la “Caja 2” de dicha empresa. Por tanto, el asilo político no solo no corresponde sino que además atenta contra todos los esfuerzos que deberían ser coordinados por los diversos sistemas de justicia en cada país, para luchar contra el mal de la década en las Américas: la corrupción.
“La justicia peruana está mostrando resultados en la lucha contra la corrupción, pero esta no puede ser aislada y requiere ser encarada de manera frontal y categórica. Conforme a las convenciones contra la corrupción, la Interamericana de 1996 y la de Naciones Unidas de 2003, Uruguay también está en la obligación de luchar contra este flagelo. Resulta asimismo una oportunidad para el Uruguay de demostrar su apoyo en la colaboración con la justicia peruana y para reafirmar los valores democráticos que caracterizan a este país.”
De los 19 países donde Odebrecht ha intervenido, después de Brasil, Perú es el que más ha tenido avances, lo que está permitiendo llevar ante la justicia a los también ex-presidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynsky, quien se vio obligado a renunciar.
La FIDH y sus organizaciones reafirman el llamado hecho a los Estados del continente americano a establecer un mecanismo de cooperación entre las fiscalías y sistemas judiciales nacionales, que les permitan actuar eficazmente y que garanticen su imparcialidad e independencia frente a los gobiernos y a los grupos de poder que puedan tener intereses en que estas investigaciones no avancen, como es el caso de la corrupción transnacional realizada por Odebrecht.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2017 estima que la corrupción le cuesta al Perú más de 3600 millones de dólares cada año. Esto equivale a que diariamente, la corrupción le quita unos 10 millones de dólares al Perú. Una situación que afecta directamente la economía de sus ciudadanos ya que esta asciende al 10% del presupuesto nacional anual. Lo que repercute en últimas a vulnerar el acceso de la población a derechos humanos y fundamentales como la salud, la educación o la vivienda.
Confiamos en que las autoridades uruguayas negarán la solicitud de asilo y no darán amparo a la impunidad que se pretende concretar.