Haíti : que futuro para una transición perdida

10/11/2005
Comunicado

Publicación de un informe de investigación de la FIDH

Paris, Puerto Príncipe, 10 de noviembre 2005 - A un mes de la primera ronda de las elecciones generales anunciadas en Haiti, la FIDH publica un informe de investigación sobre los dos años de administración del gobierno de transición y la presencia de la Misión de las Naciones Unidas en Haíti (MINUSTAH) así como sobre los hechos recogidos entre agosto 2004 y agosto 2005.

El gobierno de transición no ha estado en medida de responder a los numerosos desafios planteados por una sociedad haitiana herida durante decenios por graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, emprobrecida, socialmente fracturada y en la cual todos los servicios del Estado se encuentran completamente deteriorados.

Aun cuando la tarea del gobierno de transición ha sido, sin duda, inmensa y difícil, el gobierno no ha logrado imponer sus prioridades de acción, ni siquiera ha podido establecer los medios para una política clara y objetiva.

Al término de dos años de transición, el país parece estar siempre a la deriva y al borde del caos social: la inseguridad es general, la impunidad es patente, la corrupción está generalizada, el 60% de la población vive por debajo de los índices mínimos de pobreza, la descentralización no se llevó a cabo, la organización de elecciones en los plazos iniciales plantea problemas estructurales, difíciles de superar para llegar a elecciones libres y pluralistas, sobretodo porque van a tener lugar dentro de un contexto de alta inseguridad; hemos visto que el surgimiento de una reflexión nacional para un nuevo contrato social permanece vacío, así como la cuestión del desarme, extremadamente limitado en la realidad. Finalmente, la profesionalización de la policía, las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes, asi como el respeto de los derechos fundamentales no progresan, a pesar de los esfuerzos voceados.

En efecto, las violaciones de los derechos humanos siguen proveniendo de la policía cuyos miembros responsables de las violaciones de los derechos humanos no han sido suspendidos, mas bien provienen de actores multiformes, al origen de una inseguridad galopante; los grupos de las "Chimères" aún están activos, así como los antiguos militares y los grupos mafiosos en busca del poder. La FIDH considera, además, que la lucha contra la impunidad, es muy insuficiente y no cubre las esperanzas y la necesidad de justicia del pueblo haitiano, como lo demuestra la presentación, en septiembre de 2005, de un proyecto de decreto de amnistia general, o la liberación de Jodel Chamblain en agosto de 2005.

La FIDH considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones: garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no estar privado abusivamente de su libertad, a un proceso justo y equitativo, a la salud, a gozar de una vivienda decente, al trabajo, a una buena calidad de vida. Las violaciones de los derechos de las mujeres persisten.

Por lo que se refiere a las intervenciones de la comunidad internacional, estas no han podido impedir la degradación de la situación política, económica y social. El balance de la misión de la MINUSTAH - el restablecimiento de la seguridad y la preparación de las elecciones - no es convincente aún cuando los bloqueos y el estado de decadencia de las estructuras estatales (particularmente la policía y la administración de la justicia) no deben ser sub-estimados en este balance negativo. En ese contexto, la organización de elecciones permanece un desafio para los Haitianos y para la comunidad internacional.

La FIDH llama las autoridades haitianas a:

 Emprender el desarme completo de los grupos armados, asegurar su desmovilización efectiva y su reinserción en la vida civil, particularmente para los menores de edad, asi como establecer una estrategia global para el desarme de los civiles con el establecimiento de una comisión nacional del desarme.

 Garantizar que los individuos desmovilizados, responsables de actos criminales y de violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia;

 Garantizar elecciones libres y pluralistas, garantizando particularmente el derecho al voto, de tal manera que todos los ciudadanos, incluyendo los que viven en secciones comunales, puedan participar al proceso de inscripción;

 Proceder a la evaluación de los agentes de la PNH, perseguir judicialmente los miembros culpables de violaciones de los derechos humanos y sancionarlos debidamente;

 Luchar contra la práctica de la tortura y malos tratos que son todavía inflingidos por la PNH y ratificar la Convención contra la tortura y su protocolo adicional;

 Proceder a las reformas necesarias a fin de garantizar plenamente el derecho a un proceso justo y equitativo;

 Luchar contra la práctica de detenciones abitrarias y de detenciones provisorias de larga duración; y

 Garantizar el plazo legal de detención provisoria que es de 48 horas según la Constitución;

 Desarollar la inspección de las comisarías y de los puestos de policía con la finalidad de controlar los registros y la legalidad de las detenciones;

 Dar un estatuto al Consejo superior de la magistratura a fin de organizar y controlar la autonomía del poder judiciario con relación al poder político;

 Especificar el estatuto de la magistratura para garantizar la transparencia de los procesos de nominación y de evolución, suprimiendo o clarificando el estatuto de los jueces de paz que por el momento dependen del Ministerio público y de la sede;

 Emprender inmediatemente investigaciones imparciales sobre todos los casos de fallecimientos sospechos de detenidos, de alegaciones de actos de tortura, así como entablar persecuciones judiciales en contra de sus autores;

 Actuar activamente por la lucha contra la impunidad conforme al Acuerdo político del 4 de abril de 2004 (sección A puntos d y f) y conforme a los instrumentos de defensa de los derechos humanos, rechazando particularmente toda ley de amnistía cuya consecuencia implique la absolución de los autores de violaciones de los derechos humanos.

 Desarollar y perpetuar la consultación de organismos de defensa de los derechos humanos para la elaboración de normas, su establecimiento y control efectivo en los dominios citados, particularmente en la lucha contra la impunidad;

Y la comunidad internacional a:

 Intensificar su ayuda en la restructuración de la Policía Nacional de Haíti (PNH) y procurar que los derechos humanos sean respetados por la PNH.

 Intensificar su acción de investigación sobre la situación de los derechos humanos, hacer públicas sus actividades y observaciones, trabajar conjuntamente con las ONGs nacionales de defensa de los derechos humanos ;

 Asegurar que la organización de las- elecciones respete los principios y las normas internacionales aplicables en la materia, a fin de que el disfraz electoral del año 2000 no se repita ya que sumergíria a Haiti en una crisis permanente.

El informe (en francés)

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