Imelda es una joven de Jiquilisco, El Salvador. Imelda ha vivido en extrema pobreza y en una situación socialmente vulnerable toda su vida. Fue violada repetidamente y abusada sexualmente por su padrastro a partir de los 12 años.
A los 18 años de edad, Imelda quedó embarazada como consecuencia de la violación repetida que había sufrido a manos de su padrastro de 70 años. El 17 de abril de 2017, sufrió una emergencia médica y entró en trabajo de parto. Incapaz de dar a luz a su hija en un hospital, fue acusada de homicidio agravado.
Los derechos de Imelda durante el juicio no han sido garantizados. Ha sido privada de su libertad, a pesar de que no había justificación para el uso de esa medida, una clara violación de la presunción de inocencia. La audiencia previa al juicio, que sirve para determinar si se requiere una audiencia pública, se pospuso siete veces debido a errores de procedimiento cometidos dentro del sistema de justicia.
Además, no se ha realizado una investigación exhaustiva de los hechos. Por el contrario, las acusaciones se basan en estereotipos y presunciones patriarcales que carecen de base fáctica, una clara demostración de la política de criminalización de las mujeres que es común en la Oficina del Fiscal en El Salvador.
A pesar de que Imelda ha sido víctima de violencia sexual, sigue detenida y el Estado no se ha asegurado de que reciba tratamiento médico y psicológico, lo que representa un riesgo para su salud y su vida.
En contraste, la investigación contra su violador se retrasó porque la Fiscalía no acepta el testimonio de Imelda como válido, hasta el punto de oponerse a las investigaciones que confirmaron la declaración de la joven.
Con solo 20 años de edad, Imelda ha enfrentado una grave y constante violación de sus derechos, sin recurso ante un Estado que la ha criminalizado y le ha negado el tratamiento médico vital que forma parte de su derecho fundamental a la vida y protección.
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes declaramos que El Salvador le debe a Imelda y a todas las demás mujeres que han sido criminalizadas en situaciones similares, y que la deuda es profunda. El caso de Imelda destaca una vez más la criminalización de las mujeres pobres y marginadas en El Salvador que no son más que culpables de una emergencia obstétrica.
En el caso de delitos de violencia sexual como el que sufrió Imelda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado que “las víctimas deben recibir atención médica, de salud y psicológica, tanto de emergencia como de atención continua según sea necesario. "Además," la investigación criminal debe incorporar una perspectiva de género y ser realizada por funcionarios que hayan recibido capacitación en casos similares y que hayan recibido capacitación en el cuidado y tratamiento de víctimas de discriminación y violencia de género ".
Reconocemos la fortaleza de Imelda y su lucha para recuperar el control sobre su vida, y hacemos un llamado al Estado de El Salvador para que garantice las condiciones para un juicio imparcial e independiente que evalúe los hechos y cumpla con las normas internacionales sobre los derechos de las mujeres y el debido proceso.
Finalmente, nosotros, las organizaciones abajo firmantes, esperamos que en el juicio se reconozca que las acusaciones contra Imelda no tienen una base de hecho y que el Estado asumirá sus responsabilidades y adoptará de inmediato las medidas más efectivas para brindar protección y atención integradas a Imelda.