Reforma a la legislación migratoria de Costa Rica:
Informes Derechos de los Migrantes
10 de abril de 2009

La FIDH presenta su informe de análisis y llama a la adopción del proyecto de reforma

De cara a la inminente votación, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, del proyecto de reforma a la Ley Migratoria actual, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publica hoy su informe de análisis sobre la legislación migratoria de ese país.

Este informe es el primero de una serie de estudios sobre « Políticas migratorias y derechos humanos en la región de las Américas ». Se enmarca en la Campaña de la FIDH sobre Migraciones y Derechos Humanos organizada con ocasión del 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de los ejes principales de dicha campaña, es la reafirmación de la universalidad de los derechos humanos y en consecuencia del imprescindible respeto de los derechos fundamentales de la persona migrante, en especial, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, las garantías de debido proceso y el derecho a un recurso efectivo, los derechos sociales y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Tras recordar brevemente el contexto migratorio costarricense, el informe realiza un estudio detallado de la legislación migratoria vigente, la Ley General de Migración y Extrangería (LGME) n° 8487, a fin de identificar sus principales carencias e irregularidades para luego formular recomendaciones que apuntan a subsanar estas inconformidades con el derecho internacional y regional de los derechos humanos. Se hizo asimismo, sobre cada tema y aspecto importante, referencias al proyecto de reforma que está actualmente en trámite y que la FIDH considera como un paso positivo hacia un mejor respeto por Costa Rica de sus obligaciones internacionales.

La FIDH constató que, hasta la actualidad, y a pesar de ser considerado por la opinión internacional como un Estado casi intachable en materia de respeto de los derechos humanos, los mecanismos políticos y legales escogidos por el Estado costarricense para hacer frente a los retos que plantea la inmigración internacional tienden a orientarse cada vez más hacia la "seguridad", ello muchas veces en detrimento de las libertades y los derechos fundamentales.

Entre las más graves contradicciones de cara al derecho internacional y regional de los derechos humanos, figuran los procesos de deportación y expulsión y la « aprehensión cautelar ». En efecto, estos procedimientos no respetan los derechos a un recurso efectivo, con acceso a un tribunal independiente e imparcial, y a un debido proceso. Resulta también inadmisible que el procedimiento de deportación pueda ser iniciado por denuncia. En cuanto a la « aprehensión cautelar », los centros de detención de migrantes funcionan como verdaderas "zonas sin derecho" ya que los lugares y sus modalidades de funcionamiento nunca han sido definidos por ley y, más preocupante aún, no existe ningún plazo de detención legalmente definido, quedando así la posibilidad de detener a las personas migrantes por un tiempo indeterminado.

En lo que se refiere a las personas migrantes residentes en Costa Rica, la mayoría de los derechos fundamentales se reconocen formalmente sin embargo, en la práctica múltiples situaciones hacen inaccesible su efectivo goce, en razón de la condición migratoria de la persona, o por la falta de documentos adecuados de identificación. Uno de los aspectos más preocupantes es la cuestión del acceso al derecho a la justicia de las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa, en particular si se dieran casos de violaciones de sus derechos fundamentales.

Otras carencias existen en materia de trata de personas y de refugio y asilo debido a una falta de precisión y de especificidad de la ley actual que no cumple a cabalidad con los estándares internacionales en la materia, aceptados por el Costa Rica al ratificar la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en 1978.

El proyecto de reforma, en su versión presentada por el gobierno costarricense, subsana en buena parte estas violaciones al derecho internacional y regional de los derechos humanos. Por lo tanto, la FIDH solicita a los parlamentarios que aprueben este proyecto que podrá ser mejorado siguiendo las líneas indicadas en su informe.

Finalmente, la FIDH está muy decepcionada por la ausencia de ratificación, por el Costa Rica, y hasta el día de hoy, de la Convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ello contrariamente a la mayoría de los Estados latino-americanos. La FIDH llama el Costa Rica a ratificar este importante instrumento.
Mise é jour le 14 de abril de 2009
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