Este informe, titulado “Tienen que irse todos o morir” (en inglés) elaborado a partir de varias misiones de investigación llevadas a cabo en la RCA, establece la responsabilidad de cada una de las partes en conflicto, es decir las milicias antibalaka y los Seleka. La presidenta de la República Centroafricana acaba de remitir esta cuestión a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y ha creado recientemente una Célula Especial de Investigación e Instrucción (CSEI, por sus siglas en francés). Nuestras organizaciones acogen con satisfacción estos avances a favor de la lucha contra la impunidad, por los que habían abogado, e instan a las autoridades centroafricanas y a la comunidad internacional a apoyar las investigaciones de la CSEI y de la CPI.
“Se trata de un conflicto político-étnico por el control del poder, que ha ido adquiriendo paulatinamente una dimensión religiosa. Quienes ejercen el poder actualmente están llevando a cabo un proceso de limpieza étnica y están cometiendo crímenes internacionales por los que deberán responder” afirma Mathias Morouba, vicepresidente del OCDH.
El informe, titulado “Tienen que irse todos o morir”, denuncia igualmente un conflicto enraizado en la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado, debido a la incapacidad de la justicia tanto nacional como internacional de juzgar a los principales responsables de dichos crímenes, que continúan estando en el centro del conflicto actual.
Desde el 5 de diciembre de 2013 y a partir de la ofensiva contra la capital, Bangui, las milicias antibalaka atacan de manera sistemática a los civiles, concretamente a los musulmanes. Más de una veintena de enclaves en los que viven entre 15 y 20.000 musulmanes están siendo asediados por las milicias antibalaka, que se han beneficiado de la retirada estratégica de los antiguos Seleka al norte y al este del país, donde continúan llevando a cabo graves violaciones de los derechos humanos así como crímenes internacionales.
Entre los Seleka, parece que los elementos reunidos en este informe han logrado establecer la presunta responsabilidad del expresidente Michel Djotodia, de su jefe de los servicios de inteligencia, Noureddine Adam, e incluso del jefe de las milicias sudanesas Jajawid, el general Moussa Assimeh. La presencia entre los milicianos Seleka de Abdoulaye Miskine, cuyo verdadero nombre es Martin Koumtamadji, antiguo jefe de la guardia presidencial bajo el régimen del presidente Ange-Félix Patassé y supuesto responsable de la masacre del mercado de ganado de PK12 en Bangui en 2002, demuestra hasta qué punto el conflicto actual de la República Centroafricana es también un “conflicto de la impunidad”.
En lo que a los antibalaka se refiere, las investigaciones que se han llevado a cabo han permitido establecer la presencia y el activismo de numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) y de personalidades próximas al depuesto presidente François Bozizé. Las instrucciones dadas por los antibalaka, así como sus reivindicaciones y las acciones que llevan a cabo tienen de manera general intención de provocar caos en la situación humanitaria, política y de seguridad, para así facilitar el retorno a la escena política centroafricana del antiguo presidente, al plantear la falsa alternativa “el caos o yo”.
“ La comunidad internacional debe apoyar a las fuerzas africanas, francesas y, próximamente, de la ONU para poner fin a estos crímenes, proteger a la población civil y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes " declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
En mayo de 2014 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como el presidente de los Estados Unidos, establecieron sanciones contra cinco individuos, entre los que se encontraban el expresidente François Bozizé, el coordinador de las milicias antibalaka, Levy Yakété, y el número dos de la antigua coalición rebelde Seleka, Noureddine Adam. Por otra parte, la FIDH, la LCDH y el OCDH habían presentado el resultado de sus investigaciones a los representantes de la comunidad internacional, en abril de 2014. Según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, estas sanciones constituyen “ un mensaje firme de que la impunidad no será tolerada y de que quienes amenazan la estabilidad de la República Centroafricana tendrán que asumir las consecuencias ”. “ Exhortamos a todas las partes en conflicto a que pongan fin a la violencia, a que actúen de modo que se haga justicia para que quienes han violado los derechos humanos rindan cuentas y respondan por sus actos ", añadió. Para la FIDH, la LCDH y el OCDH estas sanciones deben extenderse a otras personalidades y deben ser respaldadas por otros estados, así como por la Unión Europea.
“ Los grupos armados, tanto Seleka como antibalaka, reciben instrucciones, dinero y apoyo para llevar a cabo esta política de caos y alzar a unas comunidades contra otras. La justicia nacional e internacional deben dirigirse contra los autores de estos crímenes, pero, sobre todo, deben lograr poner coto a los responsables que dan las órdenes ” declaró Joseph Bindoumi, presidente de la LCDH.
Además, nuestras organizaciones acogen con satisfacción la adopción, el 9 de abril de 2014, de un decreto presidencial por el que se crea la CSEI, que estas mismas organizaciones habían propuesto en febrero de 2014. La CSEI, con el apoyo de la comunidad internacional, debe investigar los abusos que se están cometiendo, establecer las responsabilidades de los autores y señalar a los responsables de los crímenes internacionales cometidos, así como instruir los procesos penales que permitan detener a los dirigentes de los grupos armados que continúan en activo.
“ La creación de una Célula Especial de Investigación e Instrucción (CSEI) en la República Centroafricana es una señal positiva de las autoridades del proceso de transición a favor de la lucha contra la impunidad. Ahora, la comunidad internacional debe apoyar a las autoridades para que la CSEI sea plenamente operativa y pueda investigar los crímenes, así como perseguir a sus supuestos autores, en una acción complementaria a la propia CPI ” declaró Patrick Baudouin, responsable del Grupo de Acción Judicial (GAJ) y presidente honorario de la FIDH.
La puesta en marcha de la CSEI no constituye en modo alguno un obstáculo para que la Corte Penal Internacional pueda abrir una investigación sobre los crímenes perpetrados en la República Centroafricana, que sin duda forma parte de sus competencias. Por otra parte, el Gobierno de la República Centroafricana ha remitido oficialmente a la CPI, el 12 de junio último, la situación de los crímenes cometidos en la RCA desde el 1 de agosto de 2012, al considerar que carece de la capacidad necesaria para perseguir a los principales responsables. Esta decisión, que nuestras organizaciones recomiendan desde hace tiempo, es un primer paso de gran importancia. La Fiscal debe ahora abrir, lo más rápidamente posible, una investigación sobre los graves crímenes cometidos en la RCA.
“ Es tal la necesidad de justicia en la República Centroafricana que ni la justicia nacional ni la CPI estarán de más a la hora de juzgar a todos los autores y responsables de estos crímenes ” declaró Drissa Traoré, vicepresidente de la FIDH.
Antecedentes:
• Septiembre de 2012, grupos armados centroafricanos unidos en la coalición Seleka lanzan una ofensiva en el norte del país.
• El 25 de marzo de 2013, tras cuatro meses de intensos combates, la coalición Seleka, al mando de Michel Djotodia, toma la capital, Bangui, y expulsa del poder a François Bozizé, que a su vez había llegado al cargo tras un golpe de estado en 2013.
• Durante el verano de 2013, grupos armados de autodefensa pro-Bozizé, los antibalaka, atacan cada vez con más frecuencia a los Seleka y a las poblaciones musulmanas con las que se les ha asimilado.
• El 5 de diciembre de 2013, los antibalaka llevaron a cabo un ataque sorpresa coordinado contra Bangui, en vísperas del despliegue de las fuerzas francesas de la operación Sangaris autorizada por la resolución 2127 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para acudir en ayuda de la fuerza africana (MISCA), incapaz de detener las masacres de población civil.
• El 9 de enero de 2014, presionado por la comunidad internacional, Michel Djotodia abandona el poder y los Seleka se retiran del sur y del oeste del país para agruparse en las regiones norte y este. Las milicias antibalaka aprovechan esta retirada para atacar sistemáticamente a la población, principalmente formada por musulmanes, a quien acusan de complicidad y de apoyo a los Seleka.
• Desde enero de 2013, el conflicto habría causado más de 3.000 muertos, miles de heridos, cientos de víctimas de crímenes sexuales y más de un millón de personas desplazadas.
Leer el Informe “Tienen que irse todos o morir” (en inglés)
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