El 5 de diciembre de 2013 los diputados keniatas anunciaron la retirada de las controvertidas enmiendas a la legislación vigente relativas a las Entidades de Interés Público (ONG que se conocen con el nombre de EIP). Estas reformas incluyen, entre otros puntos, un drástico cambio en el modo en que las organizaciones de la sociedad civil obtienen y gestionan sus fondos y afectarían a su derecho a llevar a cabo su trabajo de forma libre sin la intervención del estado.
Las campañas llevadas a cabo por la FIDH y su organización miembro, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, por sus siglas en inglés), tanto ante la ONU como ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), aumentaron el interés regional e internacional con la consiguiente presión hacia las autoridades keniatas.
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