Detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes
La FIDH acogió con satisfacción durante 2004 la liberación provisional por razones de salud de 14 disidentes que se encontraban en prisión tras las oleadas de detenciones arbitrarias ocurridos en marzo y abril 2003. Entre ellos se encontraban Raúl Rivero, de 59 años, Roberto de Miranda, de 62 años, Marta Beatriz Roque, de 59 años y Manuel Vásquez Portal, de 52 años. Debe señalarse que las licencias extrapenales concedidas para la libertad provisional de los 14 disidentes pueden ser revocadas en cualquier momento.
La FIDH espera que estas liberaciones provisionales sean un primer paso hacia la liberación definitiva de todas las personas detenidas por delitos de carácter político y de opinión. La FIDH condena el embargo y distintas formas de agresión de que es víctima el pueblo de Cuba por la política exterior del gobierno de los Estados Unidos; pero ello no puede constituir de ninguna manera una excusa para atentar contra el debido proceso y las libertades fundamentales de quienes cuestionan en Cuba a su gobierno. La FIDH sigue muy preocupada por el mantenimiento en detención de los otros 64 disidentes y de la condena en septiembre de 2004, del líder del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, René Montes de Oca Martija, a un periodo de ocho meses de prisión por « desacato a la autoridad ».
La FIDH recuerda que Cuba no ha ratificado la mayoría de Pactos relativos a los derechos humanos de Naciones Unidas, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, sociales y culturales, así como los Pactos regionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana de derechos humanos.
Condiciones de detención de los defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes
Estos condenados se encuentran en condiciones carcelarias que violan las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento a Presos y Detenidos. En efecto, dichos prisioneros se encuentran bajo condiciones infrahumanas, sometidos a plagas de insectos, ratas y sin las mínimas condiciones de higiene. Los alimentos y el agua a su disposición se encuentran en mal estado.
Algunos de los condenados han sido victimas de abusos físicos y sexuales perpetrados por otros reclusos, con la aceptación de los guardias. En octubre de 2004, el disidente Luis Enrique Ferrer García fue desnudado y golpeado por funcionarios de la policía. Otros disidentes detenidos, han recibido amenazas de muerte y otro tipo de acosos por parte de los guardias y los reclusos. Aquellos que denuncian los malos tratos en las prisiones o no cumplen con las normas penitenciarias, son penalizados con largos periodos en celdas de castigo, restricción de tratamiento médico o la negación de visitas.
Pena de muerte
La Pena de muerte se encuentra prevista en la Ley de Procedimiento Penal en Cuba para más de una centena de delitos. En 1999, una reforma del Código Penal extendió esta pena a los delitos de narcotráfico, robo con violencia y corrupción de menores. A pesar de que Fidel Castro, presidente de la República de Cuba había anunciado públicamente que se estaban buscando alternativas a esta condena y a pesar de que desde mediados del año 2000 hubiera podido considerarse que se estaba aplicando una moratoria de hecho, la aplicación de la pena de muerte en 2003 mostró claramente la falta de voluntad del gobierno de Cuba de abolir esta pena.
La FIDH condena firmemente la aplicación de la pena de muerte de acuerdo con los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal en Cuba, el 11 de abril de 2003 contra tres ciudadanos cubanos. Dichas sentencias fueron pronunciadas por un Tribunal ordinario, ratificadas por el Tribunal Popular, máximo organismo judicial del país y por el Consejo de Estado en un plazo de tiempo excesivamente breve, lo que constituyó un juicio sumario.
La FIDH manifiesta asimismo su extrema preocupación por la ausencia de información a la opinión pública y a los organismos de la sociedad civil acerca del número de personas que se encuentran actualmente condenados a pena de muerte. Según informaciones procedentes de la Comisión Cubana de derechos humanos y de reconciliación nacional CCDHRN, unos 50 presos se encontrarían en cárceles cubanas sentenciados a pena de muerte.
Por estas razones, la FIDH urge a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a:
Expresar su grave preocupación en lo que se refiere a la situación de derechos humanos en este país;
Solicitar al gobierno de Cuba para que permita la presencia en Cuba de Chrisitne Chanet representante del Alto Comisionado para Cuba así como de los otros mecanismos de protección de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos;
Instar al Gobierno de Cuba a liberar inmediatamente y de forma definitiva todos los disidentes detenidos y a abstenerse de adoptar medidas que pongan en juego los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho al debido proceso de sus ciudadanos;
Instar el Gobierno de Cuba a abolir la pena de muerte y a proceder a la conmutación de las penas de muerte ya pronunciadas en penas de cárceles
Instar al gobierno de los Estados Unidos a levantar inmediatamente el embargo contra Cuba y otras formas de agresión contra la soberanía del pueblo cubano, que han contribuido solamente a degradar las condiciones de vida de la población cubana y a que el gobierno de Cuba justifique distintas formas de represión sobre la disidencia interna e impida el libre ejercicio en la defensa de los derechos humanos.