Desde la investigación realizada en 2016 por Citizen Lab, que identificó uno de los primeros usos de Pegasus por parte de los Emiratos Árabes Unidos para espiar al destacado defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 10 años de prisión en condiciones inhumanas, el sector de la vigilancia no ha hecho más que crecer, impertérrito. La pionera investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, el Proyecto Pegasus, sacó a la luz los datos filtrados de 50 000 números de teléfono identificados como posibles objetivos de vigilancia, entre los que se encontraban cuatro clientes gubernamentales del Grupo NSO de la región de Oriente Próximo y Norte de África: Bahrein, Marruecos, Arabia Saudita y los EAU.
Periodistas y activistas en el punto de mira
Entre las espeluznantes revelaciones del Proyecto Pegasus destacan las operaciones de vigilancia a gran escala realizadas por las autoridades marroquíes con una lista de 10 000 números de teléfono, entre los que se encuentran los de líderes mundiales, activistas y periodistas.
El análisis identificó a 35 periodistas a los que el Gobierno marroquí espió a través de Pegasus y que posteriormente fueron enjuiciados en circunstancias cuestionables o sometidos a campañas de intimidación y acoso avaladas por el Estado, entre ellos Taoufik Bouachrine y Soulaimane Raissouni, directores del periódico Akhbar El-Youm. Bouachrine fue condenado a 15 años de prisión por acusaciones de tráfico de personas, agresión sexual, violación y prostitución. Su colega Raissouni también fue detenido por cargos de agresión sexual en mayo de 2020, y fue condenado a cinco años de prisión el 9 de julio de 2021. Los procesos de ambos se vieron empañados por violaciones de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo.
El periodista y activista de derechos humanos marroquí Omar Radi también fue condenado el 19 de julio de 2021 a seis años de prisiónpor dudosas acusaciones de espionaje y violación. En junio de 2020, Amnistía Internacional revelóque Radi fue objeto de un programa de espionaje de NSO, tan solo tres días después de que NSO Group hiciera pública su política de derechos humanos.
Otras pruebas aterradoras desveladas por el Proyecto Pegasus muestran que amigos y familiares del periodista saudí asesinado y descuartizado, Jamal Khashoggi, fueron objeto de programas espía Pegasus antes y después de su asesinato. Según un análisis forense realizado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, el iPhone de la prometida turca de Khashoggi, Hatice Cengiz, fue atacado e infectado con éxito cuatro días después del asesinato de Khashoggi, y varias veces en los días siguientes. Otros objetivos son su hijo Abdullah Khashoggi, su esposa Hanan Elatr, su amigo y antiguo director general de Al Jazeera, Wadah Khanfar, y el abogado británico de derechos humanos Rodney Dixon, que representó a Cengiz en la presentación de una demanda judicial contra el asesinato de Khashoggi.
Estas revelaciones demuestran que nadie está a salvo, ya que han salido a la luz en la filtración incluso nombres de personas que han huido del país por su propia seguridad. El periodista de investigación afincado en París y cofundador de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación, Hicham Mansouri, que tras años de acoso, violencia y encarcelamiento solicitó asilo en Francia, fue identificado como uno de los objetivos de vigilancia.
Otras conocidas personas objetivo de vigilancia a los que se menciona en la lista filtrada de Pegasus son Alaa Al-Siddiq, un activista de Emiratos Árabes Unidos y directora ejecutiva de ALQST, que murió en junio de 2021 en un accidente de tráfico, y el fundador de ALQST y defensor de los derechos humanos Yahia Assiri. Tanto Al-Siddiq como Assiri se habían trasladado al Reino Unido para huir de la persecución.
Las justificaciones del Grupo NSO carecen de fundamento
Los escandalosos ataques contra cientos de periodistas y activistas en Arabia Saudita, Qatar, Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Marruecos, Turquía y Egipto –que con frecuencia han sido objeto de vigilancia, acoso, detención, tortura y asesinato– desmienten las repetidas afirmaciones infundadas del Grupo NSO de que sus programas de espionaje se utilizan exclusivamente como arma disuasoria contra la delincuencia y el terrorismo.
Sus reiteradas declaraciones de que están dispuestos a investigar el uso indebido de su tecnología y a tomar las medidas correspondientes parecen a todas luces infundadas, habida cuenta del contexto expuesto la semana pasada.
Estas peligrosas herramientas no deberían estar disponibles en la región de Oriente Medio y Norte de África
A falta de cualquier tipo de supervisión o regulación de la próspera y opaca industria de la tecnología de la vigilancia, los gobiernos autocráticos de la región han encontrado herramientas para intensificar la represión contra las personas defensoras de los derechos humanos y los/as periodistas, y suprimir la libertad de expresión y los medios de comunicación con total impunidad.
En contextos autoritarios en los que no hay transparencia ni supervisión sobre el uso de esta tecnología altamente invasiva, garantías de privacidad, juicio justo o garantías procesales ni vías de reparación para las víctimas, la venta y el uso de la tecnología de vigilancia conduce a graves violaciones de los derechos humanos, y debe cesar inmediatamente.
Han pasado dos años desde el primer llamado a establecer una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de herramientas de vigilancia realizado por el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, tras el atroz asesinato de Jamal Khashoggi. Ya es hora de que los Estados atiendan a este llamado y apliquen inmediatamente la moratoria hasta que haya un marco regulador global de los derechos humanos.
En consecuencia, pedimos urgentemente a todos los Estados que tomen las siguientes medidas:
1. Aplicar una moratoria inmediata sobre el uso, la adquisición, la venta y la transferencia de tecnología de vigilancia. Esta moratoria debe extenderse hasta que se establezcan controles mundiales y salvaguardias adecuadas contra los abusos.
2. Revocar todas las licencias de exportación de tecnología de vigilancia y los vínculos comerciales con Estados no democráticos de la región de Oriente Medio y Norte de África que cometen sistemáticamente violaciones de los derechos humanos.
3. Iniciar una investigación independiente, transparente e imparcial sobre los casos de vigilancia selectiva, especialmente en los casos de ataques extraterritoriales a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y solicitantes de asilo político, y garantizar que las víctimas de la vigilancia ilegal accedan a vías de recurso y reparación.
4. Adoptar un marco jurídico que exija transparencia sobre el uso y la adquisición de las tecnologías de vigilancia, y hacer pública esa información, incluidos los productos y servicios adquiridos, así como los contratos comerciales con empresas privadas de vigilancia, a fin de permitir el escrutinio público y la rendición de cuentas.
5. Participar y apoyar a los regímenes internacionales y los mecanismos de derechos humanos que ponen controles sobre el uso, el desarrollo y la exportación de tecnologías de vigilancia.
6. Iniciar una investigación penal de seguimiento del asesinato de Jamal Khashoggi y de la vigilancia selectiva de los miembros de su familia y personas allegadas y retomar los esfuerzos internacionales a través de medios judiciales y diplomáticos, para lograr la justicia y la rendición de cuentas.
7. Los mecanismos internacionales, incluido el sistema de la ONU y los gobiernos pertinentes, deben poner fin a la vigilancia selectiva de las personas defensoras de los derechos humanos, como periodistas, blogueros/as y activistas de Internet.
Miembros de la coalición:
1. Access Now
2. Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR)
3. Masaar-Technology and Law Community
4. Reporteros Sin Fronteras (RSF)
5. INSM Network (Iraq)
6. SMEX
7. Red Line for Gulf
8. Jordan Open Source Association (JOSA)
9. Artículo 19