Estrasburgo, 12 de diciembre de 2023. En el marco de la ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Red EU-LAT conmemoran el trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses para contribuir a la democracia y el Estado de Derecho, en la región más violenta del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Asimismo, denuncian que la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, y Monseñor Rolando Álvarez, integrantes de una de las 3 candidaturas finalistas, se encuentran sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos.
“La situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continua la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril de 2018, en particular los crímenes de lesa humanidad, por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua y estar entre los tres finalistas del Premio es una muestra clara de ello y un reconocimiento a la valiente labor de las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos” expuso Jimena Reyes, Directora de la oficina de las Américas en la FIDH y quien se encuentra en Estrasburgo acompañando a la delegación que representa a las personas galardonadas.
La Doctora Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. Ambos se encuentran en el país, en condición de apatridia, despojados de sus derechos ciudadanos y expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos e integridad personal.
Vilma Núñez cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos y es actualmente Secretaria General Adjunta de la FIDH y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una organización con más de 33 años que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional retiró la personalidad jurídica del CENIDH, posteriormente la Policía Nacional allanó sus instalaciones y se apropió de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos. En febrero de 2021, el régimen consumó la confiscación de las instalaciones inaugurando la casa materna Zoila Aurora Galeano.
En febrero de este año, el régimen privó a Vilma Núñez arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, dejándola con el “país por cárcel” y violando de forma permanente sus derechos humanos.
Monseñor Rolando Álvarez es Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Es considerado una de las voces más críticas del régimen y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril de 2018. Se encuentra arrestado desde agosto de 2022 por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
En febrero de este año, el régimen de Ortega ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas; sin embargo, él se opuso y lo trasladaron al Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo), donde está en situación de apatridia y en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por supuestos delitos considerados “traición a la patria”.
Ante la imposibilidad de que estas personas finalistas salgan de Nicaragua, estas fueron representadas por personas delegadas en la ceremonia del Premio Sájarov. En la plenaria del Parlamento Europeo participaron Sara Henríquez, defensora nicaragüense de derechos humanos en el exilio, y el sacerdote Uriel Vallejos, miembro de la Diócesis de Matagalpa que se encuentra exiliado tras días de asedio y encierro policial.
“Esta es una oportunidad para que la Unión Europea revise los préstamos otorgados y/o ayudas pendientes con fondos europeos ya sea a través de proyectos regionales y/o bilaterales, u otras modalidades de financiación. Es necesario establecer un principio de debida diligencia que prevenga que cualquier fondo europeo, pueda directa o indirectamente tener como beneficiarios a personas o entidades involucradas en casos de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Marta Ibero de la Red EU-LAT.
“¡No descansaremos hasta que cesen los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua! Ortega y Murillo deben liberar inmediatamente a Monseñor Álvarez y las más de 90 personas que permanecen privadas por motivos políticos en Nicaragua. Basta de leyes que castigan la defensa de los derechos humanos, devuelvan los derechos ciudadanos a la Dra. Núñez, ¡cese la tortura!”, finalizó Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.