¿Cómo pueden los inversores utilizar su influencia para apoyar y promover prácticas estatales responsables? ¿Cómo deberían clasificarse los Estados en lo que respecta a la información extra financiera? ¿Qué indicadores deberían utilizarse?
Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) son cada vez más importantes para muchos inversores. El desarrollo y estudio de estos criterios se ha centrado principalmente en el desempeño de las empresas. Sin embargo, las carteras de inversión no sólo se componen de acciones de empresas privadas, sino también de obligaciones soberanas.
En 2020, la Unión Europea ha debatido si el presupuesto de 2021-27 y su plan de recuperación COVID deben estar vinculados a la adhesión de los gobiernos a los principios del Estado de Derecho. Del mismo modo, los inversores institucionales deberían considerar cómo vincular sus propias inversiones en bonos soberanos a los resultados extra financieros de los Estados.
La FIDH ha subrayado en repetidas ocasiones que este ámbito debe ser de interés crucial para las inversiones. En el marco de su trabajo con La Banque Postale Assent Management en el fondo ético "SRI Human Rights fund", la FIDH publica cada dos años una clasificación extra financiera de los Estados miembros de la UE. El objetivo de estos estudios bianuales es de establecer una metodología y un sistema de clasificación que permita a los inversores tener en cuenta el modo en que los Estados cumplen sus obligaciones de respetar, proteger y promover los derechos humanos en sus decisiones de inversión.
En total, se han seleccionado doce criterios de derechos humanos y uno medioambiental como indicadores de la actuación de los Estados en estos ámbitos.
I. Igualdad de género y derechos de la mujer
II. No discriminación
III. Derechos de los migrantes y refugiados
IV. Buena gobernanza
V. Cohesión social/derechos económicos y sociales
VI. Sistema judicial
VII. Libertad de expresión y derecho a la información
VIII. Derechos laborales
IX. Justicia internacional y promoción de los derechos humanos
X. Ayuda al desarrollo en el extranjero/contribuciones financieras a la ONU
XI. Control de armas
XII. Promoción de la responsabilidad social de las empresas en el país y en el extranjero
XIII. Gestión medioambiental
Reconocemos que estos criterios no cubren todas las cuestiones ESG. De hecho, la elección de indicadores de derechos humanos es un reto especialmente difícil dada la falta de datos cualitativos y cuantitativos comparables. Esto es especialmente evidente en ciertas problemáticas sistémicas de derechos humanos, como la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género o el racismo.
Además, la edición del informe de este año está marcada por la pandemia de Covid-19. La recopilación de datos para esta edición del informe se inició en una época anterior al Covid-19 y se publica en un momento crítico, cuando los Estados de la UE y el Reino Unido están iniciando la vacunación de la población, en medio de una agresiva "tercera ola" del virus, y la Unión Europea pone en marcha su nuevo y ambicioso plan de recuperación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La FIDH espera que este estudio, a través de su metodología, datos e identificación de los déficits de datos, contribuya al desarrollo de indicadores para medir la actuación de los Estados en materia ESG y sirva como punto de partida para un debate más amplio — y necesario — entre las diferentes partes interesadas.
Ver el informe aquí debajo (en inglés)