Estas recién documentadas violaciones de los derechos humanos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y deben ser investigadas con urgencia por la Corte Penal Internacional (CPI). La FIDH y el CCL presentarán el informe en una conferencia de prensa que se celebrará en Kiev el próximo viernes 23 de octubre y emitirán recomendaciones para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial de los crímenes cometidos en Ucrania desde el inicio del conflicto.
"Es crucial, tanto para las víctimas como para el futuro de Ucrania, que los crímenes cometidos no queden sin castigo. Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra deben investigarse, y sus responsables deben ser perseguidos y castigados según los principios del derecho internacional"
Este informe conjunto documenta una serie de violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos cometidas en el este de Ucrania entre mayo de 2014 y agosto de 2015. El informe se basa en las conclusiones de nueve misiones de seguimiento realizadas en zonas recuperadas por el ejército ucraniano, tanto en la región de Donetsk como en Lugansk, así como en los campamentos de personas desplazadas internamente.
Las pruebas preliminares relativas a los incidentes armados en los que han estado involucrados las llamadas República Popular de Donetsk (RPD) y República Popular de Lugansk (RPL) indican que estos delitos pueden ser consecuencia de un plan o de una política establecida para atacar a la población civil, lo que resulta coherente con su tipificación como crímenes contra la humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los casos de asesinatos, tortura o tratamiento inhumano, así como la detención y encarcelamiento arbitrarios también pueden ser tipificados como crímenes de guerra según el artículo 8 del Estatuto de Roma. El CCL y otros observadores han documentado pruebas de estos delitos cometidos por ambos bandos, si bien es necesario continuar investigando.
Los testimonios de las víctimas y las pruebas materiales, como las listas negras presentadas en el informe, muestran que determinadas categorías de civiles son objetivo concreto de los grupos armados separatistas, entre otros, los ciudadanos pro ucranianos y activistas de ONG, voluntarios y periodistas, minorías, comunidades religiosas y funcionarios públicos. También se ha informado de algunos casos de personas perseguidas por las fuerzas armadas pro ucranianas —soldados del ejército o milicias—, debido a su supuesto apoyo al enemigo.
"Los testimonios presentados en el informe reflejan únicamente una pequeña parte de las violaciones cometidas: la escala de los crímenes perpetrados en el este de Ucrania sigue siendo difícil de evaluar ya que aún no se ha iniciado una investigación adecuada. Lo que es seguro es que la impunidad contribuiría a agravar la situación de los derechos humanos en Donbas"
Ucrania tiene la obligación internacional de investigar, perseguir y castigar a los responsables de estos crímenes internacionales, así como de ofrecer reparaciones a las víctimas. Ya se han llevado ante las jurisdicciones nacionales varios casos de crímenes perpetrados por voluntarios pro ucranianos. Sin embargo, es difícil establecer si se ha realizado alguna investigación de los crímenes cometidos por el ejército ucraniano, y las investigaciones de los delitos cometidos por los grupos armados denominados RPL/RPD es fragmentaria, carece de enfoque sistemático e incluso se ignoran los actos de ciertos grupos armados.
La aceptación de la competencia de la CPI sobre el conflicto por parte del Gobierno ucraniano puede proporcionar nuevas vías para la rendición de cuentas, si el sistema nacional de justicia demuestra falta de voluntad o incapacidad para investigar y perseguir los crímenes internacionales.
"La CPI siempre será un tribunal de última instancia, pero al aceptar su competencia sobre las atrocidades perpetradas durante el conflicto, las autoridades ucranianas se han comprometido a buscar que se haga justicia, ya sea en el ámbito nacional o en el internacional"
La FIDH y el CCL se reunieron con autoridades nacionales, abogados ucranianos y organizaciones de la sociedad civil en Kiev para hacerles partícipes de sus recomendaciones sobre el fin de la impunidad para los delitos cometidos en Ucrania desde el inicio del conflicto.