Los hechos
Además de un ecosistema excepcional, la Amazonia ecuatoriana alberga pueblos ancestrales cuyas formas de vida se han desarrollado en armonía con la naturaleza. A estos pueblos indígenas se les han reconocido algunos derechos, especialmente en lo que respecta a su territorio y al mantenimiento de sus formas de vida tradicionales. Sin embargo, durante varias décadas, el Estado ecuatoriano ha permitido a las empresas petroleras instalar pozos de perforación en la Amazonia. Este ha sido el caso desde 1987 del "Bloque 14", que ahora opera PetroOriental S.A., una filial de las empresas transnacionales chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC).
El consumo de petróleo es un importante emisor de gases de efecto invernadero (GEI), pero su extracción también puede serlo. Las perforaciones de prospección de petróleo liberan estos gases. Aunque actualmente existen tecnologías ampliamente extendidas para capturarlos y reciclarlos, PetroOriental opta por quemarlos cerca de los pozos de extracción o evacuarlos directamente a la atmósfera en un proceso conocido como venteo. Resulta evidente que estas emisiones sistemáticas y continuadas, pero evitables, de GEI contribuyen directamente al cambio climático, cuyos efectos se dejan sentir en todo el mundo. Sin embargo, también causan daños irreversibles en el equilibrio ecológico, la salud y el modo de vida de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son asimismo especialmente vulnerables al cambio climático porque sus medios de vida dependen de su conocimiento preciso de su entorno, que les permite saber cómo utilizar de forma armoniosa los recursos que la naturaleza les ofrece. La alteración de los ciclos naturales socava la eficacia de los conocimientos ancestrales y hace que los pueblos indígenas no puedan sobrevivir siguiendo sus tradiciones.
La acción interpuesta
Hemos interpuesto una acción de protección, un recurso constitucional para solicitar la protección urgente de los derechos constitucionales vulnerados. En concreto, la acción de protección interpuesta por nuestras organizaciones denuncia las repercusiones de las actividades de quema y venteo de gas que contribuyen al cambio climático, cuyos efectos amenazan el equilibrio ecológico y los derechos de la población afectada. La pérdida del equilibrio de los ecosistemas que garantizan la subsistencia de estos pueblos constituye una violación de los derechos de la naturaleza (protegidos por la Constitución ecuatoriana) y a su vez amenaza el derecho a la alimentación, la salud, a un medio ambiente sano y a una vida digna. Esta denuncia es la primera que se presenta contra una empresa en Ecuador por motivo del cambio climático.
Lo que exigimos
La denuncia exige el cierre de las antorchas (mecheros) y el fin de la quema y el venteo del gas. Las demandantes piden a las empresas implicadas que asuman su parte de responsabilidad en el calentamiento global y reparen los daños causados por el impacto local de este fenómeno global. La protección de los ciclos de la naturaleza y la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático son necesarias para garantizar los derechos constitucionales de las comunidades afectadas y evitar futuras violaciones en circunstancias similares.
Calendario y resultados
El recurso se presentó el 10 de diciembre de 2020 y fue resuelto en primera instancia el 20 de abril de 2021. La jueza consideró que las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar que se había causado daño a los derechos relacionados con la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Aun si existia la posibilidad de apelar, la comunidad fue objeto de amenazas de represalias e intentos de división por parte de la empresa, lo que hizo que la situación sea especialmente delicada e impidió que se pueda continuar con el proceso.
Lecciones aprendidas
Se debe conocer el impacto, la injerencia y el rol que juegan de las empresas petroleras en las comunidades afectadas. Para esto, es importante saber el nivel de vulnerabilidad de la población local ante la presencia de las empresas en sus territorios. Se deben encontrar soluciones creativas para anticiparse a las presiones de las empresas y esto incluye formalizar la relación entre la comunidad y sus representantes legales para evitar cualquier revocación del poder de representación legal. Al mismo tiempo, es importante invertir el tiempo de construir una confianza con la comunidad que garantice una colaboración sólida durante todo el proceso, más aun, tratándose de comunidades de reciente contacto.
Por otro lado, al trabajar con jueces y técnicos-científicos, se debe tener en cuenta las tradiciones, procesos y experiencias de los pueblos para que se reconozca el valor de los conocimientos tradicionales en los tribunales y no se de una brecha cultural. Cada pueblo entiende e interpreta lo que ocurre en la naturaleza de acuerdo a su propia visión, esto implica tomar el tiempo para una preparación solida de los testigos, de los intérpretes, y una selección estratégica de éstos ante el tribunal.
La cuestión probatoria del cambio climático es crucial. Puede ser un gran desafío establecer la relación de causalidad entre los cambios que se observaron en el medio ambiente, las actividades de la empresa y el fenómeno del cambio climático de manera general. Más allá de la cuestión de la prueba, tanto para las comunidades como para los jueces, el cambio climático es un concepto con el cual aun no están familiarizados.
Para más información
Comunicados de prensa y respuestas publicadas por la FIDH:
https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/organizaciones-y-comunidad-waorani-demandan-a-empresa-petrooriental
https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/estaria-petrooriental-tomando-represalias-contra-la-comuna-miwaguno
https://www.fidh.org/IMG/pdf/qa_equateur-petrooriental_fidh_accionecologica-udapt_fr.pdf