| Paris, lunes
17 de marzo de 2003
Entre los puntos incluidos en el orden del día de la
59ava Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
iniciada esta mañana en Ginebra, será examinada
la preocupante situación de los derechos humanos en Colombia.
Las recientes reformas efectuadas o previstas por el gobierno
de Alvaro Uribe Velez, en el poder desde agosto de 2002, podrían
cuestionar ciertas de las garantías judiciales de las
que se beneficia la población colombiana y fragilizar
todavía más la situación de los defensores
de los derechos humanos. En el marco de un clima de violencia
generalizada, estas reformas refuerzan la impunidad de la que
se benefician los responsables de violaciones de los derechos
humanos.
 Colombia
¿Administración de la justicia... o de la impunidad?
El informe conjunto “Colombia: ¿ Administración
de la justicia o de la impunidad? Publicado por la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por la Organización
Mundial contra la tortura (OMCT), en el marco de su programa
conjunto “Observatorio para la protección de los
defensores de los derechos humanos”, y Abogados sin Fronteras
Francia (ASF), examina detalladamente estas reformas y su impacto
sobre los derechos de los ciudadanos. Del mismo modo, se menciona
toda una serie de recomendaciones para garantizar la independencia
de los operadores de justicia y el derecho a un proceso justo.
Este informe denuncia las reformas recientes introducidas en
el sistema de administración de la justicia colombiano
y los proyectos en curso, que constituyen una verdadero cuestionamiento
de los mecanismos de control judicial y de garantía.
Estas reformas otorgan un mayor poder al Fiscal General de la
Nación, sin que se garantice su independencia, lo que
aun más preocupante si se considera el cuestionamiento
de la independencia del actual Fiscal. Las medidas, que limitan
la independencia del poder judicial, prevén la limitación
las competencias de la Corte Constitucional, la supresión
de las personerías municipales, de las contralorías,
y del Consejo Superior de la Magistratura.
Del mismo modo, el informe señala los actos de hostigamiento
recurrentes contra los operadores de justicia en Colombia :
miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía,
empleados del Cuerpo Técnico de Investigación
de ésta misma institución, abogados litigantes
y defensores públicos. Estas personas, que son frecuentemente
víctimas de amenazas, agresiones físicas e incluso
asesinato, han realizado un trabajo importante para el esclarecimiento
de varios casos sensibles referidos a violaciones de derechos
humanos cometidos por grupos privados, y por miembros de la
fuerza pública. Muchos han debido renunciar a sus actividades
y vivir en el exilio. A pesar de que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha declarado medidas cautelares a favor
de muchas de estas personas, las medidas de protección
adoptadas por el gobierno son claramente insuficientes e ineficaces.
Esta situación implica un alto nivel de impunidad en
Colombia y perjudica la posibilidad de un recurso efectivo para
las víctimas de violaciones a los derechos humanos
La FIDH, la OMCT y ASF, solicitan a la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas que adopte una Declaración
sobre Colombia en la que se haga explícitamente referencia
a estas reformas y se solicite que sean revisadas de acuerdo
con los instrumentos regionales se internacionales que garantiza
un proceso justo. La FIDH, OMCT y ASF-Francia solicitan a las
autoridades colombianas que se comprometan a invitar a Colombia
al relator sobre la independencia de los jueces y de los abogados.
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