París, 10 de noviembre de 2003

Desde la adopción del Estatuto de Roma y su entrada en vigor el 1er de julio de 2002, el número de países que se comprometen en la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes no deja de aumentar: hasta la fecha, 92 Estados ratificaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional y 47 señalaron su intención de ser partes del Tratado al firmarlo. Para garantizar la plena eficiencia de la Corte Penal Internacional la mobilización debe seguir. A este efecto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se asocia con la Coalición Internacional para la Corte Penal Internacional (CICC) a una campaña de ratificación universal del Estatuto de Roma, focalizando sus esfuerzos cada mes sobre un país. México es el país designado para esta campaña en noviembre.

Desde la creación de la CPI, el gobierno del Presidente Vicente Fox afirmó constantemente su apoyo a esa jurisdicción, y eso a pesar de las numerosas presiones de Estados Unidos. Al respecto, México se negó a firmar un acuerdo bilateral de impunidad con Estados Unidos. El 30 de septiembre de 2003, el gobierno mexicano reafirmó ante el Consejo de Seguridad que “la Corte Penal surge como una afirmación de la convicción común de que la justicia y la paz son indispensables para el desarrollo humano. El establecimiento de una corte de esa índole constituye una contribución duradera al mandato principal de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo”. A pesar de las declaraciones del gobierno mexicano en el ámbito internacional, el proceso de ratificación se encuentra obstaculizado en México desde tres años al nivel nacional.

Trás la firma del Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 por el ejecutivo mexicano, se inició un debate en el seno del poder legislativo. Después de haber estudiado la conformidad del texto con la Carta Magna mexicana, la Cámara de Senadores de México estimó el 15 de diciembre de 2002 que una modificación previa al artículo 21 constitucional era necesaria para la ratificación definitiva del Estatuto de Roma (ver el comunicado de prensa de la FIDH con fecha 18 de diciembre de 2002 http://www.fidh.org/communiq/2002/mx1812e.htm). La enmienda está en estudio en la Cámara de Diputados.

La FIDH urge a los diputados mexicanos a que se pronuncien sobre la reforma constitucional antes del cierre de la sesión parlamentaria abierta hasta el 15 de diciembre de 2003 e insta al Senado a ratificar el Estatuto de Roma de forma plena y sin reservas a la brevedad. Por otra parte, la FIDH insta a la promulgación de una legislación pertinente para la aplicación efectiva del principio de complementaridad de la Corte y de las jurisdicciones internacionales, así como al establecimiento de mecanismos de cooperación con la Corte, de conformidad con las obligaciones contenidas en el Estatuto de Roma.