París,
30 de octubre de 2003
Objeto : La FIDH ha decidido renunciar a la organización
en Colombia de su XXXV Congreso Mundial en Bogotá
Señor Presidente,
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
ha decidido renunciar a la organización en Colombia de
su XXXV Congreso Mundial, que se realizaría en Bogotá
entre el 17 y el 22 de febrero de 2004, por considerar que el
gobierno que usted preside no ofrece las garantías necesarias
ni para nuestro encuentro mundial ni para la defensa de los
derechos humanos en general.
La decisión de la FIDH se produce después de
un prolongado silencio frente a la carta abierta que le dirigimos
el pasado 19 de septiembre de 2003, en la cual solicitábamos
una clarificación y rectificación de sus discursos
del 8 y 11 de septiembre en contra de los defensores de derechos
humanos. Dicha clarificación era indispensable, entre
otras condiciones, para garantizar la posibilidad de realizar
nuestro Congreso mundial en Bogotá.
Sin embargo, usted no ha considerado pertinente responder a
este correo, ni a la comunicación enviada el pasado 1º
de octubre, en la que reiteramos nuestra solicitud. En consecuencia,
nos encontramos obligados a interpretar la ausencia de respuesta
como una confirmación implícita de sus declaraciones,
totalmente incompatibles con la organización del Congreso
mundial de la FIDH en Colombia.
Rechazamos una vez más y en forma vehemente sus afirmaciones
sobre los defensores de derechos humanos colombianos, mediante
las que usted acusó a cerca de 80 ONG nacionales –entre
las cuales se encuentran las tres ligas colombianas afiliadas
a la FIDH– de ser “escritores, politiqueros, traficantes
de derechos humanos” y “defensores del terrorismo”,
palabras de las que usted aseguró estaba dispuesto a
rectificarse por el “tono” mas no por su contenido,
hecho que para la FIDH resulta insuficiente frente a la gravedad
de los señalamientos realizados.
Recientemente, en una entrevista para la Revista Diners de
Colombia (número 403 de octubre de 2003) usted se reafirmó
en el contenido de su discurso, y aseguró que incluso
después de leerlo lo encontró “necesario”.
Por esta razón, la FIDH encuentra no sólo necesario
sino también urgente pedir el concurso de la comunidad
nacional e internacional para evitar que la estigmatización
en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia
redunde, como ha sucedido durante los últimos meses,
en más y mayores actos de violencia y criminalización
contra las ONG.
Sus palabras se sumaron a una larga serie de medidas que el
gobierno que usted dirige ha anunciado o tomado durante los
últimos catorce meses, muchas de ellas contrarias a los
compromisos suscritos por el Estado colombiano ante la comunidad
internacional y a la propia Constitución Política
de Colombia.
Entre ellas, cabe enumerar su negativa a cumplir el fallo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenaba suspender
las fumigaciones aéreas; la eliminación del estatus
político como condición para adelantar diálogos
de paz; la mal llamada propuesta de “alternatividad penal”
con la cual se favorecería con excarcelación a
quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en su
país; los allanamientos sin orden judicial y el empadronamiento
en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación
que estuvieron vigentes hasta mayo pasado; el involucramiento
de civiles en el conflicto armado mediante las redes de cooperantes
e informantes y el programa de soldados campesinos; así
como el llamado Estatuto Antiterrorista que actualmente se encuentra
en discusión en el Congreso de la República, cuyo
articulado propone graves limitaciones a las garantías
fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos colombianos, tales
como el otorgamiento de facultades de policía judicial
a las fuerzas militares.
De igual manera, durante su gobierno se han presentado diversos
intentos por restringir las garantías fundamentales consagradas
en la Constitución de 1991, a través de proyectos
legislativos con los que se busca autorizar el uso de armas
de guerra por parte de civiles y revivir así las Convivir;
limitar los alcances de la acción de tutela y recortar
facultades a la Corte Constitucional; establecer un fuero disciplinario
para la Fuerza Pública; y coartar la autonomía
de las ONG.
No obstante nuestra decisión, la FIDH anuncia y convoca
a la puesta en marcha de un Plan por los Derechos Humanos en
Colombia y reafirma su total solidaridad con las organizaciones
de defensa de derechos humanos en ese país, así
como su pesar por el reciente asesinato de Esperanza Amaris
Miranda en Barrancabermeja, el cual sucedió semanas después
de que el Bloque Central Bolívar de las AUC reprodujera
y alabara sus acusaciones. La FIDH expresa su respaldo y acompañamiento
a las miles de personas hoy detenidas en su país por
ejercer la oposición desde el liderazgo público,
sindical, social, popular, campesino o estudiantil, hecho que
les ha generado la asimilación con grupos guerrilleros.
Pese a este cambio de sede, Colombia continuará siendo
considerada el país anfitrión de nuestro XXXV
Congreso, que ha debido desplazarse por razones de fuerza mayor
hacia otro país de América Latina. Consideramos
que usted es el único responsable de la decisión
de no organizar nuestro Congreso mundial en Bogotá, pues
sus reiteradas acusaciones en contra de las organizaciones no
gubernamentales colombianas y las medidas tomadas por su gobierno
son inconciliables con la causa que nos convocará durante
la reunión trienal que reunirá a defensores de
derechos humanos de los cinco continentes.
Finalmente, manifestamos a usted que pretendemos continuar
expresando nuestra solidaridad con la sociedad civil colombiana
de manera concreta, mediante iniciativas y acciones que la FIDH
adoptará en las próximas semanas.
Con profundo pesar, me despido muy respetuosamente,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
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