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Paris
20 de enero de 2003
La Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que ha estado siempre
a favor de una política de paz y diálogo que pueda
poner término al conflicto social y armado que vive Colombia,
acoge con preocupación la posibilidad de que los diálogos
de paz entre el gobierno de Colombia y los grupos paramilitares,
conlleven la impunidad de graves crímenes contra la humanidad.
En efecto, en ningún caso un diálogo de paz, independientemente
de quienes sean los interlocutores del gobierno, debe comportar
la impunidad de los responsables de estos crímenes.
En el marco
de la ley 782 de 2002, por la que se prorroga la vigencia de
la ley 418 de 1997, el gobierno de Colombia puede iniciar negociaciones
de Paz con grupos que no dispongan de estatus político,
lo que implica la posibilidad de establecer un diálogo
con los grupos paramilitares. En el marco de esta ley, mediante
la resolución 285 de 2002, de 23 de diciembre de 2002,
se crea una Comisión exploratoria de Paz, integrada por
representantes del gobierno de Colombia, con el objeto de propiciar
acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas
Unidas de Colombia, con las Autodefensas Campesinas del Bloque
Central Bolivar y Vencedores de Arauca y con el Grupo de Alianza
del Oriente.
La FIDH
se encuentra en particular preocupada por que tales diálogos
puedan culminar en el indulto de paramilitares responsables
de graves violaciones de Derechos Humanos e incluso de crímenes
de lesa humanidad. En este sentido, Fernando Londoño,
Ministro del Interior, afirmó en una entrevista publicada
el 12 de Enero en El Tiempo, que nadie garantizará que
el proceso con los paramilitares no lleve a la impunidad de
grandes crímenes y que, en el proceso con los paramilitares
“El gobierno está dispuesto a superar todo el pasado.
Hay unas limitaciones de orden jurídico que se estudiarán
y que tendremos que superar con mucha imaginación”,
lo que anuncia un propósito claro de impunidad.
El otorgamiento
de amnistías o indultos a responsables de graves crímenes
contra la humanidad contradice las disposiciones del Derecho
Internacional Humanitario y múltiples decisiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo
modo, la Constitución de la República de Colombia,
en sus artículos 201.2 y 150.17 únicamente permite
el indulto por delitos de carácter político. En
el mismo sentido, según la ley 782 de 2002, ningún
indulto podrá otorgarse sobre “actos atroces”
o de ferocidad y barbarie, en los que se enmarca la mayor parte
de las acciones de los grupos paramilitares. Estas disposiciones
implican que el indulto a los miembros de grupos paramilitares
responsables de tales actos no es posible. A pesar de la claridad
del derecho internacional al respecto, las autoridades colombianas
transmiten el equívoco mensaje de que toda atrocidad
podría ser olvidada y perdonada con el pretexto de una
paz, que es todavía muy lejana. La perspectiva de renunciar
a la justicia, no puede más que potenciar la multiplicación
de graves infracciones al DIH y la perpetración de crímenes
de guerra por parte de organizaciones armadas, cualesquiera
sean y no puede permitir una paz civil y social y una reconciliación.
Finalmente,
la posibilidad de impunidad es aun más evidente si se
considera que los grupos paramilitares actúan regularmente
con la connivencia de las Fuerzas Armadas, tal y como ha sido
en numerosas ocasiones denunciado por organismos nacionales
e internacionales de defensa de los derechos humanos y por numerosos
organismos del sistema de Naciones Unidas y de la Organización
de Estados Americanos (OEA). Concretamente, dicha connivencia
ha sido probada en numerosas investigaciones penales y disciplinarias
en casos como la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas, la
masacre de Mapiripán, el atentado contra Wilson Borja,
las masacres de la Gabarra y de Chengue…entre otros numerosos
hechos.
La FIDH
urge al gobierno colombiano a que adopte todas las medidas oportunas
para que se depure a la Fuerza Pública colombiana de
todos los que por acción u omisión patrocinan
o han patrocinado el paramilitarismo en Colombia.
Además,
la FIDH llama al gobierno a retomar el diálogo con las
guerrillas: las Fuerzas armadas Revolucionarios de Colombia
y el Ejercito de Liberación Nacional.
La FIDH
urge igualmente al gobierno de Colombia a que desarrolle una
verdadera política de paz atacando las causas estructurales
de la violencia y promoviendo entretanto un Acuerdo Global de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, tal
y como ha sido recomendado por las Naciones Unidas.
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